Las claves de la polémica 'Isla de Valdecañas': el resort de lujo espera que el Constitucional ponga fin a 15 años de batalla judicial

El complejo turístico de lujo Marina Isla de Valdecañas sigue esperando la decisión final del Tribunal Constitucional quien en junio decidió en su pleno suspender de forma cautelar el derribo de la 'Isla de Valdecañas', el complejo urbanístico ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres, hasta adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.

Esta medida cautelar salió adelante por seis votos a favor y cinco en contra, aprobando así la ponencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo. Y hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie de forma definitiva, no estará dicha la última palabra.

Este conflicto se inició en 2007 cuando se dio el visto bueno a la construcción del complejo, fue entonces cuando los dos principales partidos PSOE y PP votaron a favor de que la Isla de Valdecañas fuera un Proyecto de Interés Regional (PIR), con esta votación se recalificaron los terrenos donde se construyó este resort turístico.

Una construcción que se realizó en una zona catalogada como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), una decisión que puso en pie de guerra a los sectores ecologistas, y Ecologistas en Acción ha sido el encargado de liderar una batalla judicial desde 2011, sólo un año después de que abriera parte del complejo.

Este litigio se inició en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta a la 'Isla de Valdecañas' y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto. En este año, la Junta de Extremadura recurrió esta sentencia y cambió la Ley del Suelo para que los proyectos PIR contaran con la urbanización de los terrenos y dar así cobertura legal a Valdecañas.

En 2014 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y dictó que todo lo construido debía derribarse, ante esta situación, la Junta de Extremadura alegó que era imposible ejecutar estas sentencias y demoler todo lo levantado.

Aunque el Supremo confirmó la primera sentencia del TSJEx, en 2021 este mismo Tribunal declaró la imposibilidad de ejecutarlas, por lo que dictó el derribo de lo que está en construcción y conservar lo ya construido.

Dos años después, el Alto Tribunal, vuelve a estimar el recurso de la ONG ecologista y ordenar derruir todo lo que se encuentra en estructura o no está construido y en funcionamiento.

Ante esta sentencia, tanto la Junta de Extremadura, como los propietarios y los ayuntamientos donde está situado el complejo, El Gordo y Berrocalejo, recurrieron al Tribunal Constitucional.

Las partes implicadas en este recurso "aluden a la garantía de la imparcialidad objetiva" para evitar que un juez delibere en un asunto si ya lo ha hecho anteriormente. Entienden que éste ha sido el caso de Valdecañas. El magistrado extremeño Wenceslao Olea fue el encargado de dictar sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y hace unos meses lo ha hecho desde el Tribunal Supremo, según han reclamado las partes recurrentes.

Este complejo turístico está construido en la isla del pantano Valdecañas, y está compuesto por un hotel de 4 estrellas, un club náutico, una playa artificial, además de las piscinas, zonas deportivas y 185 viviendas particulares.

Impacto económico de Valdecañas

El derribo de todo el complejo supondría un coste para las arcas públicas de una cuantía millonaria, a los más de 140 millones de euros de indemnizaciones hay que sumarle el coste económico de la demolición.

Los recurrentes además reclaman que Valdecañas ha sido el mazado a la despoblación en una zona en la que desde que se creara el pantano en la década de los 60 muchas localidades o cerraron o redujeron su población. El Tajo se apresó en 1964 para crear saltos de agua que abastecieran de energía a Madrid, arrasó con Talavera la Vieja donde había más de 1.900 habitantes, y El Gordo pasó a tener de 1900 a 350 habitantes y Berrocalejo de 1940 a los 96 de la actualidad.

Sin embargo, ahora la creación de este lago artificial ha supuesto un proyecto urbanístico donde el promotor hace de la zona, degradada con plantas invasivas, un nuevo ecosistema sostenible con más riqueza ambiental y de mayor asentamiento social, un nuevo modo de vida que ha permitido crear en la zona el empleo y el mantenimiento de la zona.

El complejo mantiene unos 200 puestos de trabajo directos e indirectos y ha sido un revulsivo para una zona que estaban condenada al cierre, como ejemplo, es el caso del municipio de El Gordo, ha visto como su Presupuesto Municipal ha pasado de los 200.000 euros a los 600.000 Euros, y de esos el 50% corresponde al IBI del complejo.

Además del impacto económico, la flora y fauna de la Isla ha mejorado y ha pasado de ser un espacio sin gran valor faunístico a contar con dos parejas de linces ibéricos, dentro del plan de recuperación con chips, más otros 3 linces itinerantes que llegan al abrigo de la fauna menor que ha propiciado estos espacios verdes. Ahora se cuenta también en el entorno con rapaces que no existían antes, como el Águila Imperial o Águila Real, entre otras; y todas ellas al calor del aumento de los conejos y las liebres que se reproducen al calor del verde del campo de golf. Por lo que muchos en la zona se preguntan si el derribo no tendría también un impacto más negativo que el mantenimiento de lo "ya" construido.