Expertos jurídicos destacan la importancia de prevenir riesgos penales para proteger a las empresas

Un equipo de expertos del ámbito de la jurisdicción  reunidos en el IV Congreso Gallego de Compliance destacan la importancia de los sistemas de gestión en prevención de riesgos penales para garantizar la protección de las empresas.

El mensaje enviado fue claro, al cerca del centenar de personas que asistieron a este evento organizado por la Asociación Gallega de Compliance (AGACOM) y el Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, con el objetivo de debatir sobre las principales tendencias sobre cumplimiento normativo y su implicación en la actividad empresarial.

Durante el encuentro se puso en valor que el cumplimiento normativo es una necesidad del presente y del futuro, de las empresas y del sector público para prevenir riesgos, proteger su reputación y transmitir confianza.

El director xeral de Xustiza de la Xunta, José Tronchoni y el Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suances, junto al presidente de AGACOM, Alberto García recalcaron la necesidad de que las empresas tengan un canal interno de información que permita identificar y denunciar irregularidades, malas praxis o la mala administración de una organización, ya sea pública o privada.

Ley de protección al informante

En las diferentes mesas redondas se ha profundizado en cuestiones de especial relevancia en el ámbito del cumplimiento como la obligatoriedad de que todas las empresas de más de 50 trabajadores y entidades públicas dispongan de un sistema interno que informe sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea y comportamientos que puedan ser constitutivos de infracción penal o administrativa grave o muy grave.

Respecto a los delitos más comunes, el encuentro se centró en la corrupción para abordar los planes de prevención de riesgos, analizándose los delitos que abarca, las circunstancias a tener en cuenta a la hora de valorar el riesgo de que esos delitos se puedan cometer, las prácticas que deben contemplarse y las medidas de prevención que pueden implementarse con especial incidencia en las políticas de compras, regalos y conflicto de intereses, entre otras.

En otra de las mesas, Juan Carlos Aladro, fiscal jefe de Pontevedra, y José Antonio Vázquez Taín, magistrado de lo penal,  se centraron en la valoración judicial de los programas de cumplimiento con concretas menciones a la circular 1/2016 de la FGE, en los criterios de valoración y en el valor de las certificaciones UNE y de las revisiones/auditorías de los sistemas de Compliance.

Asimismo, se debatió la forma de acreditar la eficacia del modelo de organización y gestión en el proceso penal y otros aspectos judiciales relacionados con la persona física representante de la empresa investigada.

Riesgo reputacional

La comisión de un delito por empleados o directivos en el seno de la empresa es un riesgo inherente a la actividad empresarial. No existe el riesgo cero y no es posible asegurar que nunca ocurrirá un evento negativo que afecte a la reputación de la organización.

Por esta razón, el congreso se ha cerrado con una mesa en la que se ha analizado cómo debe gestionarse el riesgo reputacional derivado de la imputación de la persona jurídica.

El debate se ha centrado en cómo abordar los juicios mediáticos que, en ocasiones, acompañan al judicial con ritmo y reglas completamente distintas, en la posible colisión entre los derechos de presunción de inocencia y a un juicio justo con el de información y libertad de expresión.