Continúa la polémica de la LOSU a pesar de su aprobación en el congreso

El pasado 22 de diciembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por 176 votos a favor, 156 en contra y 11 abstenciones, el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), por lo que pasará a tramitarse en el senado.

Este proyecto tiene como objetivo, según el Gobierno, mejorar las condiciones laborales del profesorado y reducir la precariedad, además de hacer énfasis en hace énfasis en determinados aspectos como la internacionalización; la igualdad y la no discriminación; la economía social y la ciencia ciudadana, además del impulso a la ciencia abierta. Además, establece que el gasto público en educación universitaria pública será como mínimo el 1 % del PIB estatal, aunque en un primer momento no aclaraba un plazo para ello.

Sin embargo, el texto definitivo incorpora una serie de enmiendas que ahondan en la desregulación y pasan competencias a las comunidades autónomas o a las universidades. Asimismo, entre los cambios introducidos, se ha precisado el plazo para alcanzar dicho 1%: "En el marco del plan de incremento del gasto público para 2030 previsto en el artículo 155.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el Estado, las Comunidades Autónomas y las universidades acordarán un plan de incremento comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado", establece el nuevo texto. De la misma forma, añade: "para alcanzar ese objetivo de carácter plurianual, se establecerán en los Presupuestos de las Comunidades Autónomas, en los del conjunto de universidades y en los Presupuestos Generales del Estado, las correspondientes aportaciones, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio".

Otra de las novedades del proyecto es que la Conferencia General de Política Universitaria dejará de fijar el límite a los precios públicos de matrícula, los cuales pasan a referirse a un "marco general de contención o reducción"; así, serán fijados por la Comunidad Autónoma o Administración correspondiente.

En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial, los precios públicos y derechos serán fijados por la Comunidad Autónoma o Administración correspondiente, dentro de los límites máximos que establezca la Conferencia General de Política Universitaria. Por su parte, las universidades públicas no estarán obligadas a establecer modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos, sino que tendrán la posibilidad de hacerlo tomando en consideración "la diversidad del núcleo familiar atendiendo a criterios socioeconómicos". Las CCAA y las universidades también establecerán sus propios sistemas de becas y ayudas al estudio, pero serán reguladas por el Gobierno de forma básica y con carácter de mínimos las sus modalidades y cuantías.

Personal docente e investigador

Otras enmiendas han modificado cuestiones referentes al profesorado, como es el caso del "ayudante doctor", cuya evaluación intermedia pasa a ser orientativa, pero ya no se prohíbe que pueda ser causa de extinción del contrato. A su vez, se explicita la posibilidad de que existan diversos niveles dentro del profesorado permanente laboral, se modifica el requisito de desvinculación del PDI funcionario y su acreditación la llevarán a cabo las agencias autonómicas, mediante convenio con la ANECA.

En el caso del profesorado permanente laboral, se substituye el acuerdo entre agencias sobre criterios mínimos para la acreditación, por acuerdos de reconocimiento mutuo de las acreditaciones.

Por ultimo, se reduce el plazo para la puesta en marcha del nuevo sistema de acreditaciones del PDI de la ANECA y para firmar los acuerdos que permitan la acreditación por parte de las agencias autonómica.

Polémicas aún vigentes

A pesar de los cambios en el texto, aún hay voces que no apoyan el proyecto de ley e incluso lo acusan de salirse "por completo del marco constitucional". Es el caso del socialista Emiliano García-Page, que se ha sumado a las críticas de 1.000 profesores y catedráticos universitarios de toda España, que incluso escribieron una carta a las Cortes Generales pidiendo la eliminación del artículo 45.2.g, que permitirá a los claustros de las universidades posicionarse políticamente.