Castilla y León denuncia que la presión de Hacienda a las empresas de la región es el triple que en Madrid

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha subrayado el trastorno que las reiteradas inspecciones de Hacienda causan en las empresas, incluso aunque no se detecte ningún fraude, e insiste en el "agravio comparativo" que la Comunidad sufre respecto a otras como Madrid donde la proporción de inspectores por empresa es menor.

García-Gallardo se ha reafirmado este lunes en su respuesta parlamentaria al Grupo Socialista respecto a la mayor proporción de inspecciones de Hacienda en Castilla y León y ha asegurado que la Junta "seguirá señalando a la Agencia Tributaria dependiente del Gobierno socialista" de España para que "deje de perjudicar" a la Comunidad y permita que ésta "exprima todo su potencial".

Durante un acto en Valladolid, el vicepresidente ha defendido también que el perjuicio de estas mayores inspecciones se da incluso aunque no haya defraudación alguna por parte de las empresas, pues obligan a tener a una persona de Administración pendiente de facilitar los documentos que solicita el inspector, de modo que la inspección "ya es una sanción en sí misma".

Asimismo, apunta a que "provoca un desincentivo" a la hora de instalarse en la Comunidad frente a otras como Madrid, Navarra o País Vasco, con "una fiscalidad más favorable y menos inspecciones".

Según Galardo, cada inspector de Hacienda debe supervisar de media en Castilla y León un resultado bruto de las sociedades mercantiles de 33 millones frente a los 109 de la autonomía madrileña. En términos de cuota líquida impositiva (recaudación efectiva), la cifra a revisar de las empresas de la Comunidad es de 10,2 millones frente a los 16,7 millones de las madrileñas.

Esto supone que la "presión de la inspección fiscal es el triple en Castilla y León que en la Comunidad de Madrid".

La denuncia de García-Gallardo no es nueva. La patronal regional lleva años denuncia el excesivo número de inspecciones que sufren las empresas de la Comunidad, lo que desincentiva la inversión.