Stepa y más de 200 interinos demandan en el TSJA ampliar la oferta de estabilización de la DGA

El sindicato y los interinos en fraude de ley, con más de tres años en abuso de temporalidad, han presentado un masivo recurso contencioso-administrativo para reclamar que las 570 plazas ofertadas por la Diputación General de Aragón se aumenten a más de 4.000 en el proceso extraordinario derivado de la Ley nacional 20/21.

El recurso denuncia este incumplimiento, ya que las plazas convocadas apenas suponen el 15% de las que obliga la norma: 571 en lugar de 4.089, explican. Una cifra de interinos sobre la que añaden que, por primera vez, ha sido reconocida por el propio director general de la Función Pública, Esteban del Ruste, y que coincide con los cálculos que en su día hizo públicos STEPA en el ámbito exclusivamente de la Administración general, ya que, si se añade Sanidad y Educación, este dato se dispararía hasta los 17.000 temporales en fraude.

La Ley 20/21 obliga a todas las Administraciones públicas a convocar este año procesos extraordinarios de estabilización para el personal en abuso de temporalidad. Sin embargo, el Gobierno de Javier Lambán, "al contrario que otras administraciones aragonesas como la Universidad de Zaragoza, la Diputación de Huesca o numerosos ayuntamientos, ha adoptado una postura totalmente restrictiva a la hora de cumplir su obligación, unida a la falta de transparencia en todo el proceso", explican en una nota de prensa.

La norma fija dos procedimientos para acceder a una plaza fija: quienes lleven más de seis años en su puesto, por concurso de méritos (sin oposición) y entre tres y seis años, por un concurso-oposición no eliminatorio.

Según los últimos datos oficiales publicados, en la Administración General autonómica hay 11.924 plazas, de las que 4.529, el 41%, corresponden a personal temporal. De esta última cifra, más de 4.000 trabajadores cumplen las condiciones para ver estabilizada su plaza. Hasta 3.500 plazas (sobre el 82% de las víctimas del abuso) deberían ofrecerse en el concurso excepcional de méritos y el resto (otras 500) por concurso-oposición, según STEPA. Sin embargo, el número convocado ha sido, respectivamente, 307 y 264, en total 570. Una oferta que el sindicato aragonés califica de "ridícula e impresentable".

Reconocimiento de las plazas

La cifra de 4.000 trabajadores temporales ha sido admitida por el director general de la Función Pública que, respondiendo a una solicitud de información pública presentada por STEPA sobre el proceso de estabilización, ha indicado: "Plazas disponibles por estar vacantes u ocupadas por personal interino (funcionarios) o temporal (laborales) y no existir reserva de plaza a favor de personal fijo: 4.089".

Del Ruste justifica en su escrito que el resto de plazas se estabilizarán mediante otras convocatorias ya en marcha. Pero la Ley 20/21 establece claramente que todas deben incluirse en el proceso extraordinario, para que precisamente los temporales en fraude tengan más opciones a lo hora de optar a la fijeza. Además de percibir una pequeña indemnización por cese en el caso de que no lo consigan, algo que no se contemplaba hasta ahora.

Desde el sindicato añaden que de la forma que ha establecido la DGA el proceso, se condena al paro y sin indemnización a muchos de estos trabajadores, la mayoría con décadas de experiencia al servicio de los aragoneses.

Una situación que ha motivado la masiva denuncia, suscrita junto con el sindicato por interinos que han documentado cómo sus plazas deberían haber sido incluidas en el concurso extraordinario, así como por funcionarios de carrera que los apoyan. En este sentido, STEPA documentará como apoyo a la demanda los abusos de temporalidad cometidos en las diferentes secciones de la Administración autonómica.

El sindicato ha señalado que el objetivo de este recurso es ampliar el proceso de estabilización a todas las víctimas del abuso de temporalidad, para lo que bastaría una subsanación de errores, modificando el número de plazas.

Así, los representantes de STEPA han señalado: ·El Decreto es papel mojado, porque no cumple con las exigencias de la Unión Europea y no va a permitir el objetivo de reducir la temporalidad en la administración aragonesa por debajo del 8%, pero al menos debe cumplir con la Ley 20/21".

La denuncia presentada se dirige contra el Decreto 75/2022, por el que se convocó la oferta de plazas de estabilización en la Administración general autonómica. Pero además, se han recurrido igualmente los decretos 76 y 77, que en la misma fecha aprobaron las convocatorias propias de personal docente no universitario y del Servicio Aragonés de Salud, en donde se repite la misma situación, con otros 13.000 afectados más. Todos los recursos han sido preparados por el bufete del abogado Javier Arauz, especialista en la lucha jurídica de los derechos de estos trabajadores y cuyas acciones han motivado sentencias europeas determinantes para los cambios que se están produciendo en la legislación española, si bien todavía insuficientes para la transposición de la Directiva Europea que los protege.