Asaja pide prudencia a los ayuntamientos antes de embarcarse en macroparques solares que terminan en los tribunales

Asaja en Castilla y León ha pedido prudencia a los ayuntamientos antes de "dejarse embaucar" en macroparques solares que están obligando a los agricultores a acudir a los tribunales, como en el caso del proyecto en Paredes de Nava (Palencia) que ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que fue adelantado por elEconomista.es

Asaja apunta que iniciativas de este tipo acarrean la expulsión de agricultores y ganaderos de tierras comunales tradicionalmente dedicadas a esta actividad.

El sector se siente "acorralado" ante la incomprensión de las administraciones, "que nos está echando a los pies de los caballos, entre la voracidad de las empresas fotovoltaicas y la expectativa de recibir ingresos fáciles por parte de los ayuntamientos, aunque sea a costa de eliminar a los agricultores de la zona".

Ante esta situación, cada vez más agricultores y ganaderos recurren a la vía legal como única para ver defendidos sus legítimos intereses.

El último caso ha sido el de la Junta Agropecuaria Local de Paredes de Nava, cuya reclamación ha recibido el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha rechazado que Al ayuntamiento palentino expulse a setenta agricultores que trabajaban desde tiempo inmemorial unas fincas comunales.

El propósito del Ayuntamiento de Paredes era acotar cerca de 500 hectáreas, casi la mitad de una superficie comunal, lo que como remarca la sentencia "causa perjuicio a la explotación agraria que se viene realizando desde tiempo inmemorial".

En la resolución del TSJ se argumenta que "es al legislador al que corresponde definir el modelo territorial y buscar la armonización entre los intereses de los que explotan agrícolamente las tierras y viven de ello y los proyectos de energías renovables, sin que los derechos de aquellos resulten atropellados por el mayor rendimiento económico de estos".

Asaja confía en que esta sentencia sea acatada y sirva de modelo para otros casos muy similares que se están fraguando en el territorio de Castilla y León, "y haga recapacitar a los ayuntamientos antes de emprender estos proyectos, considerando primero los usos agrarios y ganaderos tradicionales de cada zona afectada".

La OPA también valora la actuación de oficio desarrollada por el Procurador del Común para conocer el impacto de la proliferación de los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas sobre el uso agrícola característico de las tierras de cultivo o destinadas al aprovechamiento ganadero, así como que las administraciones, comenzando por las locales, siguiendo por las diputaciones provinciales y por supuesto la autonómica y nacional, se impliquen en ello para proteger el aprovechamiento agropecuario tradicional.