Una gran oportunidad de cambio

El sector inmobiliario se ha transformado radicalmente en los últimos años y lo seguirá haciendo en el futuro próximo. Tras el estallido de la crisis que se inició en 2008 y se extendió hasta 2013, irrumpieron nuevas compañías en el mercado español, con importantes accionistas internacionales, que han mejorado la gestión e impulsado la profesionalización del sector. Además, se han asentado tendencias como el incremento de las familias que viven en régimen de alquiler o al auge del sector logístico ante la digitalización del comercio.

La vivienda se ha convertido en el mejor activo para proteger a los pequeños inversores contra la inflación creciente. El bajo coste de las hipotecas y el nivel de precios todavía contenidos favorecen esta opción de inversión frente a otros activos, como los fondos de inversión u otros activos bancarios.

Mientras que más del 90% de los países de la OCDE han registrado incrementos del precio de la vivienda, con un ritmo de crecimiento cercano al 10% al inicio del año, los precios en España aún no han repuntado con tanta fuerza. Este hecho, combinado con el ingente ahorro acumulado durante el Covid-19 (se estima en 64.000 millones de euros), potenciará la compra para uso propio o alquiler. Así, en 2021 se podría llegar a más de 500.000 operaciones de compra-venta de vivienda, alcanzando el nivel prepandemia en 2022.

En este contexto, los fondos Next Generation son un gran aliciente para abordar una de las cuentas pendientes de nuestro país: la modernización del parque de vivienda. Más de un 50% del parque tiene más de 40 años. Muy pocos de estos inmuebles han sido reformados, por lo que difícilmente se adaptan a las nuevas necesidades y, lo más importante, no son eficientes energéticamente. Otro requisito indispensable para los próximos años.

Por ello, conviene gestionar de manera óptima los fondos destinados desde Europa a la rehabilitación de viviendas, edificios y barrios que están canalizando las CCAA. Compañías como Anticipa aspiran a convertirse en un referente en este mercado. Es en este punto donde resulta clave la colaboración entre todos los niveles de la administración y los actores privados. Unas bases claras y estables garantizarán el éxito de este nuevo reto compartido.

Por todo ello, se hace todavía más necesario que nunca impulsar políticas públicas que fomenten la oferta y huyan del intervencionismo. En el caso de la obra nueva, es imprescindible contar con mayor agilidad en la tramitación, especialmente en suelos destinados a la vivienda asequible. En alquiler resulta clave apoyar un mercado institucional profesional dedicado a la promoción y gestión de vivienda en alquiler a precios de mercado y asequible.

Por otro lado, también conviene impulsar medidas que contribuyan a que parte de la vivienda de segunda mano se dedique al alquiler asequible. No solo se trata de deducciones en el IRPF, sino de convenios con grandes propietarios que pueden incrementar en gran medida la oferta de vivienda.

Una regulación excesiva del mercado inmobiliario y políticas que penalicen o se apropien del derecho de uso de los propietarios de vivienda, sobre todo sin ofrecer incentivos, no serán eficaces en el nuevo contexto. Solo un modelo basado en incentivos sólidos, seguridad jurídica y estabilidad normativa garantizará el desarrollo y la igualdad.

Urge actuar cuanto antes, caminando todos en una misma dirección. Nuestro sector tiene un enorme potencial, es ahora más maduro y está más profesionalizado, y la administración pública debe ver en el momento actual la gran oportunidad de cambio para la vivienda.