El Gobierno destinará 300 millones de euros a la compra de suelo para edificar vivienda protegida

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que el Ejecutivo pretende invertir 300 millones de euros en la compra de suelo privado, para edificar pisos protegidos, y que el plazo de convocatoria para la venta de estos terrenos se iniciará en el mes de octubre. Esta línea de actuación tendrá una vigencia de cuatro años y se llevará a cabo a través de la entidad pública de suelo SEPES. En cuanto a la situación del mercado, Corredor calcula que los promotores tardarán tres años en absorber el stock de viviendas vacías.

En una intervención en el Foro Cinco Días, Corredor explicó que, para iniciar este proceso, durante el mes de septiembre consensuará con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias los criterios de selección que determinarán los futuros espacios a adquirir por parte del Gobierno.

En zonas de demanda

Adelantó, además, algunos de estos criterios, como que sea suelo susceptible de transformación inmediata, que esté en aquellas poblaciones con mayor demanda de suelo, y que el precio pedido por los vendedores sea lo más cercano posible a los módulos de la vivienda protegida.

Tras el plazo de selección, que se producirá entre octubre y diciembre, el Ejecutivo se reservará una opción de compra para los suelos escogidos de seis meses. En ese periodo, realizará un estudio sobre la viabilidad económica de la operación.

Según explicó la ministra, la oferta inicial de 300 millones podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, si bien la intención del Gobierno es que esta iniciativa tenga carácter anual.

No es para ayudar a los promotores

Aunque en los planes del Ejecutivo está dotar cada año una partida para esta iniciativa en el presupuesto, el importe para próximos concursos dependerá de las necesidades y de la oferta. Asimismo, Corredor anunció que a partir del próximo año el presupuesto ordinario que SEPES destina anualmente a la compra de suelo aumentará de 100 millones de euros actuales a 150 millones.

La ministra negó que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y afirmó que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.

En este sentido, dijo que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década.

Un crecimiento insostenible

"Siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era insostenible con una construcción de viviendas por encima de la demanda", dijo Corredor, quien añadió que al frenazo de las ventas se ha unido la escasez de crédito, lo que agrava la crisis que atraviesa el sector.

Ambas circunstancias se unen, explicó, al hecho de que muchas empresas inmobiliarias están fuertemente endeudadas y citó el caso de Martinsa-Fadesa, que la pasada semana solicitó el concurso voluntario de acreedores, lo que calificó de "mala noticia" para los trabajadores, compradores, ciudadanos y Gobierno.

Por esta razón pidió a las entidades financieras que confíen en el tejido empresarial español y le ofrezcan liquidez para llevar a cabo sus nuevos retos. Asimismo, solicitó a los empresarios del sector confianza en un Gobierno, que pondrá a su alcance "los medios necesario para conseguir un mercado fuerte".

Una confianza que es recíproca, según Corredor, quien reconoció que los empresarios del sector han tenido que convivir en los últimos años con "oportunistas y especuladores profanos que aprovechando la bonanza económica acudieron al mercado inmobiliario para enriquecerse".