La Sindicatura de Comptes envía a la Fiscalía gastos de 31 alcaldes valencianos

El secretario y el interventor del Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) informan todos los meses a la alcaldesa, Laura Chuliá, de la ilegalidad de las dietas que cobran los concejales por asistencia a plenos, por ser una cantidad fija mensual que se cobra con independencia de si se asiste o no y del número de plenos, incluso en agosto, que no hay.

La alcaldesa es del PP, pero en este punto no parece contar con la oposición del resto de partidos (PSOE, Esquerra Unida y CDL). Quién sí ha dicho algo, además del interventor y el secretario, es el Síndic de Comptes de la Comunidad Valenciana, que ha enviado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas un informe de 218 páginas con ésta y otras actuaciones de alcaldes en 2013 y una frase al final de cada caso: "Estos hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable".

En total, son 31 alcaldes los que, a dos meses de las elecciones municipales, pueden verse inmersos en causas judiciales si el fiscal incoa diligencias.

El informe señala que se detectaron 3.456 actos aprobados con "reparos" del interventor municipal, de los que el 45 por ciento eran de contratos, el 16 por ciento de personal, y el 10 por ciento de subvenciones.

Respecto a los acuerdos contrarios al informe de la Secretaría, la Sindicatura recopiló 578, de los que el 38 por ciento correspondían a contratación y el 31 por ciento a personal. Tras su estudio y las alegaciones de los alcaldes, se elaboró el informe.

"Injerencias" del secretario

En Benetússer, además de a los concejales, se paga a los empleados públicos un complemento de productividad que no responde a ningún criterio objetivo, según señala el interventor y recoge la Sindicatura.

Otro caso llamativo es el de Olocau del Rey (Castellón), cuyo Ayuntamiento aprobó sendos contratos con empresas en las que participan el alcalde -el socialista Vicente Royo- y un concejal. La oposición del secretario y el interventor no sirvió ni para que el alcalde se abstuviese de participar.

Destaca también el caso del Ayuntamiento de Paterna (Valencia), gobernado por el PP, que respondió a la Sindicatura que, "a pesar de las continuas observaciones e injerencias formuladas por la dependencia de Secretaría de este Ayuntamiento", va a seguir pagando unos complementos que considera ajustados a derecho. Ahora será la Fiscalía la que evalúe si las "injerencias" estaban justificadas.

Procedimiento más ágil

La Sindicatura y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas firmaron el pasado 10 de marzo un protocolo para acelerar y facilitar los procesos en contra del fraude y la corrupción.

Hasta ahora, la Sindicatura remitía sus informes al Tribunal de Cuentas, que era el que, tras revisarlos, informaba al fiscal.

Con el nuevo acuerdo, el organismo de control valenciano también remitirá a la Fiscalía del Tribunal sus informes, donde se indica la existencia de indicios de responsabilidad contable, para así acortar los procesos y que el fiscal pueda incoar diligencias inmediatamente.