Impuestos para corruptores, catastro financiero y otras propuestas contra la corrupción

La Fundació por la Justicia presentó este lunes, simultáneamente en Valencia, Madrid y Pamplona, un documento con "99 propuestas reales contra la corrupción", que incluye desde medidas fiscales para castigar a los corruptores a una escala de responsabilidades políticas en función de las fases de una investigación judicial.

El documento ha sido redactado por 28 personas, entre ellas la catedrática de Ética Adela Cortina, los jueces José María Tomas y Tío, Vicente Ríos, Pedro Luis Viguer y Manuela Carmona, el economista Aurelio Martínez y numerosos profesionales, sobre todo de la abogacía y la arquitectura.

El documento propone que una directiva europea vete a las empresas implicadas en casos de corrupción la posibilidad de optar a concursos públicos durante cinco años, así como el establecimiento de una tasa del 5 por ciento de la facturación durante cinco años para esas empresas declaradas corruptas.

Otras medidas de alcance internacional son un registro europeo (o mundial, si la ONU lo asumiera) de las empresas y personas declaradas corruptas, a las que se debería impedir que puedan comprar casas de lujo o llevar a sus hijos a colegios de élite.

Respecto a los altos cargos, propone, entre otras medidas, que sólo puedan ser nombrados quienes ya tengan un trabajo remunerado, al que renuncien temporalmente y que se limite a cuatro u ocho años su permanencia en cargos públicos.

La graduación de responsabilidad que propone la Fundación es la siguiente: suspensión de militancia política con la incoación de una causa penal; separación del cargo público con la imputación por resolución judicial; separación definitiva con el procesamiento, y pena prevista en la sentencia una vez celebrado el juicio.

Son sólo propuestas

Tomás y Tío afirmó en varias ocasiones que se trata de "propuestas para reflexionar", pero "muy concretas", y respecto a la responsabilidad civil, política y penal señaló que cada partido debería "incorporarlo a su estatutos si así lo tiene a bien".

Aurelio Martínez mostró su pesimismo hacia la conciencia ciudadana -"no creo que nadie tenga conciencia fiscal, lo siento"- por lo que afirmó que "el corruptor tendría que ser consciente de que si le cogen va a tener un coste muy alto que a lo mejor le cuesta la empresa". De ahí que la propuesta incluya medidas contra los corruptores.

En la misma idea abundó Adela Cortina, quien afirmó que "hay gente que hace el cálculo y le compensa" (ser corrupto). "La corrupción es perversa para todos y no hay más remedio que llegar a la convicción de que cuando uno ve un caso de corrupción debe denunciarlo", añadió, en referencia a quienes no son corruptos pero miran para otro lado.

Un catastro financiero

Martínez, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València, manifestó que "evadir impuestos es bastante sencillo, pero también es sencillo seguirlo si hay voluntad de hacerlo".

En este sentido, habló de la necesidad de un "catastro financiero", un registro donde los estados tuvieran constancia de quiénes son los titulares de cada una de sus emisiones de deuda, los tenga en España, en Suiza o en cualquier otro país.

El documento propone también una "tasa penalizadora" de entre el 1 y el 5 por ciento para cualquier transacción llevada a cabo con un paraíso fiscal.

Observatorio de la corrupción

Una de las propuestas es crear un Observatorio del que formarán parte todas las asociaciones y entidades que luchan contra la corrupción, con el fin de analizar el fenómeno, hacer un seguimiento y proponer medidas concretas.

Con esta iniciativa, la Fundación por la Justicia hace un llamamiento a "no conformarnos ni con la estupefacción ni con la denuncia pública ante lo evidente", según la declaración de intenciónes.

Los autores invitan a los ciudadanos "a seguir rebelándose", creando su propia conciencia frente a la corrupción, y animan "a no consentir que permanezca".