El 'agujero' de las cuentas de Valencia puede costar 2.000 millones a España
Bruselas investiga la posible manipulación de las estadísticas de déficit y deuda de la Comunidad Valenciana. La CE denuncia una declaración errónea en los datos relativos a la sanidad pública regional.
La Comisión Europea decidió ayer abrir una investigación formal por la posible manipulación de las estadísticas del déficit y la deuda de la Comunidad Valenciana que, de confirmarse podría costar a España hasta 2.000 millones de euros, el 0,2 por ciento del PIB nacional. El Ejecutivo comunitario informó que se analizará si hubo "negligencia seria o deliberada" al informar sobre el déficit en 2011, en concreto en el área de Sanidad, lo que tuvo un impacto en la información sobre el déficit y la deuda que enviaba España a Bruselas
Este 0,2 por ciento del PIB es la sanción máxima que puede imponer la Comisión, aunque la portavoz comunitaria, Emer Traynor dejo muy claro que no se ponen en duda las cifras de España, la multa sí se impone al Gobierno español, que es el "socio" de la Unión. Posteriormente, éste podrá reclamar el importe de la misma a la Generalitat Valenciana, tal y como ha ocurrido en el caso de las vacaciones fiscales del País Vasco.
Traynor explicó también que "las autoridades españolas han colaborado estrechamente con Eurostat, por lo que la investigación es sólo sobre la Comunidad Valenciana".
La Comisión, que hará público su informe sobre el caso en un plazo máximo de diez meses, estrena así sus nuevos poderes de inquisidor en las contabilidades locales, regionales o nacionales, adquiridos en 2011 tras la aprobación del nuevo paquete legislativo de gobernanza económica. Precisamente, la reforma pretendía evitar fraudes como los que se destaparon en Grecia, con un agujero oculto de más de 12 por ciento de su PIB, que desató la bancarrota griega y posterior contagio a toda la zona euro.
Pocas semanas después de enviar sus datos a Bruselas en 2012, el Gobierno español tuvo que corregir las cifras de déficit, con un aumento del 8,5 al 8,9 por ciento del PIB, como consecuencia de que Madrid y Valencia enviaron una relación de gastos previamente no declarados, que hincharon el déficit nada menos que en 4.000 millones de euros.
Eurostat, la oficina europea de estadística, que también vela por la corrección de la información enviada, envió misiones en mayo y junio para conocer la naturaleza del problema. Durante estas visitas, los expertos comunitarios observaron que el caso madrileño, en el que el déficit se multiplicó por dos hasta el 2,2 por ciento, se podría considerar un "ajuste excepcional". Sin embargo, en el caso de la Comunidad Valenciana, donde el agujero aumento del 3,7 por ciento al 4,5 por ciento, los inspectores encontraron argumentos para la "preocupación", informó la Comisión.
A pesar de esta preocupación, y de detectar que la Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) había estado enviando información incorrecta a Madrid sistemáticamente durante años, Eurostat necesitó realizar otra visita meses después, en septiembre de 2013, para confirmar sus conclusiones previas, y finalmente recomendar a la Comisión la apertura de la investigación.
La Sindicatura de Comptes, los auditores dependientes de las Cortes, ya alertó en 2009 que había 786 millones en facturas sin incluir en las cuentas de 2008, además de otros 577 millones relativas al gasto universitario, como la propia Comisión se hace eco. La propia Comisión se pregunta por qué fueron ignoradas estas señales. Fuentes del Ejecutivo comunitario aclaran que la investigación formal ha tardado dos años en abrirse, porque se debía valorar si realmente había un caso de "deliberado intento de manipulación" o "negligencia seria".