Entra en concurso Piaf, una de las promotoras involucradas en la presunta financiación ilegal del PP
La constructora Piaf ha sido declarada en concurso de acreedores por el juzgado de lo Mercantil de Castellón, tras haberlo solicitado después de no haber llegado a un acuerdo de refinanciación con sus proveedores.
Piaf, controlada por la familia Pons Dols, es una de las cinco constructoras involucradas en el caso de presunta financiación ilegal del PP valenciano, una ramificación del caso Gürtel que ahora instruye el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana. La Fiscalía acusa a estas constructoras -las otras son Lubasa, Facsa, Sedesa y Enrique Ortiz- de hacerse cargo de facturas del PP valenciano a cambio de adjudicaciones de obras por parte de administraciones controladas por este partido.
Los problemas financieros de Piaf eran conocidos desde 2010, poco después de verse involucrado en el caso, momento en el que dimitió su presidente Antonio Pons, directamente señalado por la Policía y la Fiscalía. La empresa, además, se había quejado de que los impagos de la administración estaban asfixiándola y podían llevarle al concurso de acreedores.
El concurso afecta, de momento, a Piaf, principal empresa de un grupo en el que también están Auconsa y Piaf Mantenimiento Integral.
El grupo Piaf, creado en 1984, se dedica a las actividades de construcción de obra pública y privada y a servicios de mantenimiento integral de edificios e instalaciones. Es concesionario del servicio de mantenimiento de edificios de la Diputación y del Ayuntamiento de Castellón.
La empresa castellonense no ha respondido a las llamadas de elEconomista.