Redadas masivas a inmigrantes 'sin papeles' y cupos de detenciones: ¿realidad o mito?

¿Es necesario prohibir lo que 'no existe'? Así lo cree la Dirección General de la Policía, que acaba de aprobar una circular que prohíbe los cupos de detención de inmigrantes y las redadas "indiscriminadas". El Gobierno -primero con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y ahora con Mariano Rajoy (PP)- y las ONG llevan enfrentadas ya varios años sobre esta masiva 'caza de inmigrantes': los agentes, apostados en lugares muy transitados por los 'sin papeles', identifican en paradas de autobús o metro, en plazas y cerca de los locutorios, a estas personas, basándose a menudo en el color de su piel.

El Ejecutivo central, sin embargo, niega la mayor. Así, este domingo el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que gabinete de Rajoy nunca ha aceptado "redadas indiscriminadas", antes de recalcar que "no hay una orden" para identificar a los ciudadanos "por etnia y raza".

En el ordenamiento español, estos controles sólo puede hacerse excepcionalmente para perseguir delitos peligrosos, mientras que no tener papeles de residencia no es un delito sino una infracción administrativa.

El director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, en cambio, sí consideró necesario recordar que se prohíben las actuaciones "innecesarias, arbitrarias, abusivas o que supongan una extralimitación", así como los cupos de arrestos. Esta recomendación pretende eliminar cualquier duda, siguiendo las instrucciones del comisario general de Extranjería y Fronteras tras la modificación de la Ley de Extranjería en 2000.

Según este documento, las fuerzas del orden sólo podrán llevar a la comisaría a efectos de identificación -retención para identificación- a aquellas personas sin identificar y de las que "razonable y fundadamente" pueda presumirse que están "en disposición actual de cometer un ilícito penal". De este modo, subraya la improcedencia de trasladar a ilegales, "siempre que se haya comprobado su identidad y justifique un domicilio".

El objetivo es que los criterios queden "claros", para "evitar así cualquier interpretación imprecisa" que pueda derivar en una "práctica que conlleve una restricción indebida de los derechos y libertades de los inmigrantes".

La lucha civil

Amnistía Internacional y SOS Racismo, entre otras muchas asociaciones, llevan ya varios meses luchando contra estas prácticas, sobre todo en Madrid y en Barcelona. Además, los indignados del movimiento 15M han espoleado esta lucha y la denuncia de estas redadas ante el Gobierno.

En la misma línea, la ciudadanía trata de organizarse a través de Internet. Precisamente, páginas como Change, Actuable (webs en las que los internautas pueden votar para promover campañas sociales y políticas) y Madrilonia han tratado de poner su granito de arena.

Este mismo mes, el Defensor del Pueblo ha incluido las quejas por identificaciones callejeras basadas en criterios raciales en el informe enviado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, una información que complementará la remitida por el Gobierno y por una veintena de ONG y que servirá a este organismo para examinar el cumplimiento en España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las redadas existen

Ya en 2009, el Ejecutivo central admitió la existencia de cupos de detenciones de 'sin papeles', aunque atribuyó las órdenes de identificar solo a ciudadanos con aspecto foráneo, a un error. Sin embargo, los controles continuaron.

La circular de la Policía reconoce que una anterior circular de 2010, dictada durante el gobierno socialista, suscitó "cierta confusión" que pudo derivar en "interpretaciones erróneas" de la norma.

También hace tres años, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a España por discriminación racial de Rosalind Williams una mujer afroamericana a la que la Policía exigió su documentación en Valladolid, siendo ella la única con apariencia de ser extranjera en la estación ferroviaria.

En marzo de 2012, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, los dio por eliminados, instando a los ciudadanos a denunciarlos si llegaban a ver situaciones similares. Sin embargo, el problema aún sigue en las calles.