La política gubernamental fortalece al sector duro de la Conferencia Episcopal

El Gobierno de Rodríguez Zapatero, laico e incluso laicista, no ha sido, evidentemente, santo de la devoción de la jerarquía católica. Como es bien conocido, los obispos más beligerantes, y en especial los cardenales Rouco y Cañizares, hicieron explícita campaña electoral poco antes de las pasadas elecciones generales.

La propia Conferencia Episcopal (CE), que acababa de elegir a Rouco para la presidencia en sustitución de Blázquez, emitió una insólita nota en la que afeaba al Gobierno la "negociación" con ETA y haber limitado la libertad de enseñanza en este país. Durante la legislatura anterior, los obispos llegaron a ir en manifestación callejera contra el Gobierno, algo que jamás había ocurrido durante la larga etapa de González.

El programa electoral socialista con que la mayoría política se presentó y ganó las elecciones del 9-M de este mismo año era notoriamente más moderado que el de cuatro años antes, lo que sugirió la posibilidad de un encarrilamiento de las relaciones Iglesia-Estado.

Relaciones Iglesia-Estado

En un cierto momento, la CE llegó a insinuar, a través de emisarios y de filtraciones, la posibilidad de corregir el rumbo de sus medios de comunicación, especialmente de la COPE, después de varios incidentes judiciales desagradables que dejaron a la cadena radiofónica en evidencia. Sin embargo, la crisis económica, que ha dejado de momento apeados los proyectos más onerosos del programa electoral socialista, ha forzado el surgimiento de un programa alternativo, sin coste material, que va a permitir al Ejecutivo de Zapatero seguir desarrollando su ideario a pesar de la mala coyuntura y en tanto dure la postración.

Ese programa alternativo está formado por medidas que colisionan directamente con la confesionalidad católica: reforma del normativa reguladora aborto para la promulgación de una ley de plazos; debate sobre el suicidio asistido y los cuidados paliativos a enfermos terminales; ley de libertad religiosa que acentúe la neutralidad del Estado y otorgue igualdad de oportunidades a todas las confesiones; censo de víctimas de la represión franquista, rescate de "desaparecidos" y desarrollo de la ley de Memoria Histórica.

Todos estos asuntos, que aquí engendran polémica, ya se han resuelto en la mayor parte de Europa. Y encuentran la comprensión de los sectores católicos que comprenden que la ley civil ha de guiarse por criterios de racionalidad política y tiene que avanzar de acuerdo con la voluntad soberana de los poderes democráticos. Pero semejante deslinde no complace en absoluto a quienes controlan el sector mayoritario, integrista, de la curia española, entre quienes se encuentran el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rouco, y el arzobispo de Toledo y primado de España, monseñor Cañizares.

Este último no para de predicar en sus homilías sobre la necesidad del advenimiento de un mundo nuevo hecho de hombres que reconocen a Dios y defienden derechos fundamentales que "no son frutos de mayorías parlamentarias, ni de consensos políticos, ni de los estadios culturales".

El PP y la Iglesia

La confrontación está, pues, a flor de piel, aunque con una particularidad en esta legislatura: si en el anterior cuatrienio la Conferencia Episcopal y sus medios de comunicación más beligerantes, contó con la dócil y complaciente colaboración del Partido Popular, radical y extremado, el ?centrado? de esta formación política impuesto por Rajoy representará un enfriamiento de las anteriores relaciones y un distanciamiento de las estrategias respectivas. No parece posible en la actualidad que los obispos cuenten sistemáticamente con la presencia de la dirección del PP en sus manifestaciones, ni al contrario.

El peligro de aislamiento de la Conferencia Episcopal es, pues, un hecho. Que debería hacer meditar a sus miembros más abiertos sobre el peligro que supone un mayor alejamiento del ya existente entre sus esferas institucionales y la sociedad.