Política

El Supremo declara su incompetencia para seguir investigando los ERE y remite la causa a Sevilla

    Chaves y Griñán. <i>Imagen: EFE</i>


    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado este jueves su incompetencia para seguir investigando la causa por los ERE fraudulentos en Andalucía en lo referido a la implicación de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves , José Antonio Griñán y otros dos exconsejeros de la Junta en una presunta prevaricación administrativa.

    La decisión se ha adoptado tras la renuncia a su escaño del exconsejero andaluz e imputado José Antonio Viera, lo que deja la causa sin aforados.

    En consecuencia, el alto tribunal remite las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la unión de lo hasta ahora actuado a las diligencias que allí siguen para la investigación de los hechos.

    En dicho órgano, cuyo titular es ahora la juez María Núñez Bolaños, aún está pendiente de establecerse el reparto de las investigaciones entre ésta y su antecesora, Mercedes Alaya, que sigue en él de refuerzo.

    En su auto, la misma Sala que admitió la competencia en noviembre de 2014 dice ahora que la inmunidad parlamentaria, "como privilegio procesal que es", debe ser interpretada con carácter taxativo y restrictivo.

    Además de acreditar la renuncia como diputados de Chaves, Zarrías y Viera, y tras dejar Griñan su escaño en el Senado, el Tribunal Supremo ha tenido en cuenta la norma establecida por la propia Sala de lo Penal en diciembre pasado para que sea el auto de apertura de juicio oral es el que determine si un caso ya sin aforados termina juzgándose o no por el Supremo. En este procedimiento aún no se ha llegado a este punto, por lo que la causa se remite a Sevilla.

    Ya la semana pasada, y pese a no tener aún comunicación oficial por parte del Congreso de la renuncia de Viera, el Supremo decidió suspender su estudio sobre el recurso de Griñán contra su auto de imputación.

    Durante la tramitación de este asunto en la cámara alta han venido a declarar, además de los cuatro antes aforados, la exconsejera Mar Moreno, también senadora y respecto de la cual se archivaron las actuaciones. Todos ellos negaron tener responsabilidad, y ni siquiera conocimiento del reparto de las ayudas sociolaborales investigadas.