La jueza de la 'Operación Campeón' atribuye 11 delitos a Dorribo

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, atribuye once delitos, uno de ellos en grado de tentativa, al empresario farmacéutico Jorge Dorribo, principal imputado en la 'Operación Campeón', cuya instrucción ha concluido tras cuatro años de investigaciones y una docena de imputados.

En el auto de fin de instrucción la jueza, que ha instruido otras causas como la 'Operación Rei' y la de las multas, señala que se continúe la tramitación de las diligencias previas relativas a la 'Campeón' contra Dorribo por un delito contra la hacienda pública en grado de tentativa, otro de tráfico, otro de tráfico de influencias y otro contra la hacienda pública, otro continuado de falsedad en documento mercantil.

A los de Dorribo suma la jueza otro continuado de falsificación de certificado, otro continuado de cohecho, blanqueo de capitales, delito contable continuado, delito de insolvencias punibles y dos delitos contra la hacienda pública.

Exdiputado, Pablo Coibán

Por su parte, la magistrada atribuye el exdiputado del PP Pablo Cobián, quien había dimitido tras su imputación, los supuestos delitos contra la hacienda pública en grado de tentativa, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

Mientras, en el caso del exdirector del Igape Joaquín Varela de Limia, señala los supuestos delitos contra la hacienda pública en grado de tentativa, tráfico de influencias, contra la hacienda pública y negociaciones prohibidas

Entre los imputados en la causa se incluyen también el empresario Carlos Monjero copropietario de Proitec, y al también exsocio de Dorribo Arsenio Méndez Pérez, así como al vicepresidente de Proitec, Javier Rodríguez Díaz, y Marco Prieto Iglesias, propietario de Coveluma. A ellos se suman Carlos Silva, ex subdirector de información del Igape; Araceli G.G.; Cristina Q. e Isabel F.P..

El principal imputado en esta causa es el empresario lucense Jorge Dorribo Gude, propietario de Laboratorios Nupel, quien supuestamente estaba al frente de la trama investigada.

En una de sus declaraciones, Dorribo había implicado en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al exministro de Fomento José Blanco; y a los exdiputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), que dimitieron a raíz de estas acusaciones.

La jueza instructora relata en el auto, recogido por Europa Press, que de los hechos investigados "se infiere la presunta comisión de una pluralidad de ilícitos penales". En el caso de Dorribo, Arsenio Méndez, como autores, y Carlos Monjero, Javier Rodríguez, Cobián, Joaquín Varela, Cristina Q. y Araceli G., como cooperadores necesarios, "han podido cometer un delito contra la hacienda pública en grado de tentativa".

Así, indica que Dorribo y Méndez, como administradores de Nupel S.L., "coordinaban la elaboración de la documentación precisa por parte de sus empleados, siendo una de ellas Araceli G. quien conocía la ilicitud de su comportamiento, colaborando al efecto tanto Carlos Monjero como Javier Rodríguez, y con conocimiento y permisividad supuestamente ilícita desde el punto de vista penal de Pablo Cobián, Cristina Q. y Joaquín Varela".

La magistrada indica, asimismo, que "ya no solo del propio reconocimiento de hechos por parte de Jorge Dorribo, sino también del resto de diligencias practicadas se deduce que presuntamente existía una red de relaciones" entre los citados "que motivara que se facilitara de manera ilícita la gestión de la tramitación y los resultados perseguidos".

Añade, que "excede con mucho, a priori y a estos efectos sin que suponga prejuzgar comportamiento alguno, la actuación de Pablo Cobián y de Joaquín Varela de las funciones que les son propias en los cargos y puestos que en su día ocupaban".

También hace referencia a la "obtención indebida" de un préstamo procedente del Banco Europeo de Inversiones y gestionado por la Xunta en la que "de nuevo los administradores de Laboratorios Nupel cuentan con la ayuda inestimable del resto de personas relatadas para un presunto falseamiento de las bases para la obtención del préstamo o para ocultar la auténtica realidad tanto de la empresa, como de las condiciones por las que atravesaba como del destinado que se le iba a dar al dinero obtenido".

Negociaciones prohibidas

Asimismo, la instructora señala que Joaquín Varela y Carlos Silva "cometieron presuntamente un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios", como director del Igape y subdirector de Información, respectivamente.

"Asesoraron durante la tramitación de los expedientes de subvención y préstamo a los finalmente beneficiados, facilitando al personal encargado de preparar toda la documentación información técnica sobre el modo de contrarrestar los requerimientos y anomalías que eran detectadas por el personal del Igape", apunta la jueza en el auto.

Señala también que "presuntamente Pablo Cobián recibió de Dorribo la suma de 60.180 euros que, a pesar de que se trataba de disfrazar en un supuesto patrocinio a favor de la carrera deportiva de su hijo, lo cierto es que supuestamente y así parece evidenciarse de las llamadas telefónicas, cada vez que Cobián intervenía de un u otro modo en la gestión de la tramitación, salía a relucir el tema del patrocinio, llegando a afirmar Dorribo que en tanto en cuanto no recibiera lo pretendido, Cobián tampoco obtendría lo acordado".

"Además de esa cantidad, Dorribo le realizó también una entrega de 6.000 euros en efectivo y Carlos Monjero y Javier Rodríguez otra entrega de 13.000 euros en días posteriores", precisa la jueza.

Detenciones

En el marco de esta operación había sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario lucense Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos quedaron en libertad posteriormente, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.

El que fue director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) Joaquín Varela de Limia Cominges, fue apartado del cargo a raíz de su imputación, junto al que era subdirector de Información Especializada del organismo, Carlos Silva. Ambos exdirectivos se incluyen entre los 15 detenidos junto a Dorribo por su supuesta vinculación en la trama para defraudar subvenciones públicas.

Asimismo, en 2012 el exministro de Fomento y actualmente eurodiputado José Blanco prestó declaración como imputado en el marco de esta investigación, tras lo que el Tribunal Supremo archivó en 2013 la causa abierta por su supuesta implicación.