Las estrategias disuasorias de Artur Mas: de la campaña "informativa" a las órdenes 'fantasma'

El Govern emprende este sábado la campaña "puramente informativa" del proceso de participación del 9 de noviembre, que pretende aclarar quién, cómo y dónde puede votar pero no incitando a la participación. Es una de las estrategias dibujadas por Artur Mas para esquivar la acción de la justicia. Pero no es la única: el presidente catalán evita dar órdenes a través de escritos oficiales en el preparativo logístico de la votación soberanista.

Según informaba este viernes Josep Martí, secretario de Comunicación del Gover, el objetivo de esta campaña "puramente informativa" es que no quede ningún catalán sin saber la información básica para participar con todas las garantías en el 9N, y por eso durante los próximos días desplegarán la campaña en medios digitales, prensa, radio y televisión -con 3 ó 4 spots diferentes-.

Facilitar información básica

"No incita ni siquiera a la participación. Es una campaña centrada en facilitar a los ciudadanos la información básica a la que tiene derecho para poder participar si lo desean el 9N", ha explicado Martí, que no ha concretado el presupuesto destinado porque aún no han cerrado la planificación.

Bajo el lema '9N/2014. Tu participes, Tu decideixes', también han entregado a Buch y Vila d'Abadal un lápiz de memoria con diferentes formatos de cartelería y banderolas, y han pedido la colaboración de los ayuntamientos para que, según de sus posibilidades, colaboren a difundir la campaña.

Logística y peticiones no oficiales

Se trata de una estrategia sencilla, y en unos días se demostrará si, además, resulta efectiva en lo que refiere al nuevo proceso consultivo.

El escrito oficial es la nueva 'bestia negra' del Govern, el instrumento a evitar para sortear un hipotético veto al 'proceso participativo' en el que se ha embarcado Artur Mas para sustituir a la consulta el 9N, impugnada por el Tribunal Constitucional desde hace semanas.

Para la realización de este sucedáneo de referéndum sin validez legal, la Generalitat necesita de la colaboración de voluntarios y, muy especialmente, de los ayuntamientos de cada municipio para establecer puntos de votación y realizar el posterior recuento. Sin embargo, esta petición de colaboración se está produciendo, en el caso de 700 de los municipios menos poblados de Cataluña, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos de cargos de la Generalitat.

El objetivo es evitar la publicación de órdenes oficiales que puedan ser material susceptible para que el Gobierno de Rajoy recurra el nuevo proceso ante el alto tribunal.

Según publica el diario El País, ediles de municipios de baja población están recibiendo cierta presión por parte de la Generalitat para que colaboren en la gestión de una votación que ni siquiera contará con un censo.

Este viernes, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el encargo de un nuevo informe jurídico por parte del Ejecutivo cuyo objeto de estudio se centrará en estas nuevas acciones de la Generalitat encaminadas a realizar su 9N, entre las que también se encuentra el desarrollo de una campaña informativa sobre la votación. De las conclusiones de este informe podría derivar un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional para paralizar el proceso sustitutivo de la consulta soberanista.

Santamaría juzgó que, con la estrategia de evitar los escritos, el presidente Mas  "está descargando la responsabilidad en ciudadanos particulares, ya sean alcaldes, directores de colegios o funcionarios". "A los ciudadanos no se les puede imponer obligaciones que les generen dudas, miedos e inseguridades porque el presidente de la Generalitat decide no asumir la ilegalidad del proceso. Se está transfiriendo a los ciudadanos una responsabilidad que la Generalitat no quiere asumir por escrito", incidió.