La Fiscalía estudia una denuncia penal contra Mas por desobedecer al TC

Artur Mas afirmó el miércoles que "la desobediencia no siempre lleva a la victoria". Ese mismo día dio luz verde a la Comisión de Control de la Consulta. En la siguiente jornada firmó el decreto que designa a los miembros de la junta electoral del 9-N. Se cree que la presión de ERC ha sido determinante. Lo cierto es que el president sigue a medio gas con su proceso soberanista. Permite algunas cosas y clausura otras, como ya vaticinaron los republicanos nacionalistas. Sin embargo, y a la espera de la toma de posiciones de la Abogacía del Estado, la Fiscalía ha avanzado una posibilidad: querellarse o denunciar a Artur Mas por ignorar al Tribunal Constitucional. Una denuncia por desobediencia y prevaricación que se presentaría en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No obstante, este viernes, el Gobierno y el Partido Popular han anunciado su intención de impugnar la composición de la Junta electoral la próxima semana. En directo todas las reacciones.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado -recoge este viernres el diario El Mundo- valora la interposición de una denuncia o querella por estos delitos, y adelanta que "las probabilidades de intervenir" son muy altas". Señalan que "es difícil quedarse impávido ante este nuevo paso", a propósito de las actuaciones del presidente de la Generalitat.

Nuevo desacato

Ayer, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, firmaba el decreto de nombramiento de los siete miembros que integrarán la Comisión de Control de la Ley de Consultas no refrendarias, órgano que sería el equivalente a una Junta Electoral.

Esta firma se produce después de que el pasado lunes, el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera de forma cautelar la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria de la votación del 9 de noviembre, tras los recursos presentados por el Gobierno central.

"Estamos convencidos de que se puede hacer", ha asegurado Homs, preguntado por la capacidad que tiene el Govern para desarrollar la Ley de Consultas no refrendarias pese al TC.

"Siempre compromete firmar alguna cosa", ha añadido el conseller, que ha evitado dar más detalles sobre qué consecuencias jurídicas va a tener la firma de este decreto.

Tras el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control, se deben desarrollar las comisiones de ámbito territorial, y sobre estas últimas, Homs ha explicado que el Govern debe estudiar qué afectación puede tener sobre los empleados públicos su impulso.

Sin noticias de la ley suspendida

En el texto no se hace ninguna referencia explícita a la Ley de Consultas suspendida, y se limita a decir que se nombran a "los siete miembros de la Comisión de Control de las Consultas Populares no Refrendarias".

Por otra parte, el decreto precisa que Mas firma este texto "a los efectos de la vigencia correspondiente", algo que podría interpretarse como una manera que tiene el Govern de blindarse ante una actuación del Estado al respecto.

Los siete miembros que ha nombrado Mas, consensuados por CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP son: Mercè Barceló, Joaquim Brugué, Alfons González, Miquel Martín, Marc Marsal, Jordi Matas y Benet Salellas.

El PSC votó a favor de la Ley de Consultas no refrendarias, aunque el lunes, su portavoz, Esther Niubó, aseguró que ninguno de los expertos con los que contactaron los socialistas catalanes quisieron formar parte de la comisión.

Encuentros determinantes

Esta firma se produce el día antes de que Mas se reúna en el Palau de la Generalitat con los dirigentes de los partidos proconsulta -CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP-, y tanto republicanos como la CUP han exigido durante las últimas horas gestos y continuar con la logística de la votación pese a la decisión del Alto Tribunal.

Tras la suspensión del TC, Mas mantuvo el miércoles encuentros bilaterales con el diputado de la CUP, David Fernández, el presidente del grupo de CiU en el Parlament, Jordi Turull, y los líderes de ERC e ICV-EUiA: Oriol Junqueras y Joan Herrera.

Estos encuentros se hicieron en el Parlament, que celebraba su pleno ordinario, y este jueves, antes de designar a los miembros de la Comisión, el pleno votó precisamente si eso era legal después de la suspensión del TC, lo que causó un intenso debate sobre si se debía mantener en el orden del día.

En este debate, los grupos soberanistas entienden que se podía mantener porque la propuesta del Parlament es "provisional" y no es ejecutiva hasta que el presidente de la Generalitat nombre a los miembros por decreto.

Ayer, el Parlament decidió recusar al presidente del Constitucional por falta de "imparcialidad" por su afinidad ideológica con el PP.