Análisis | Marrullerías en la Generalitat catalana

Artur Mas, muy en su papel de salvapatrias, ha adoptado una actitud chulesca en este último tramo del desarrollo plebiscitario y ha optado por recurrir a "la astucia y a la habilidad" -son sus propias palabras- para sortear las procelas que pone en su camino Gobierno de la Nación, que aguarda a que se oficialice la Ley de Consultas no Refrendarias y que se dicte el decreto de convocatoria del referéndum para acudir al Tribunal Constitucional. Como es conocido, Artur Mas, consciente de que se esperaba que la nueva ley autonómica se publicase rápidamente en el DPGC (el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) y de que el Gobierno Rajoy tenía incluso prevista la posibilidad de convocar un Consejo de ministros extraordinario durante el pasado fin de semana, ha optado por dilatar la publicación y adoptar una actitud misteriosa. Por hacerse el interesante, en suma, como si controlase la situación.

La estrategia es en todo caso pueril e inconsistente, impropia de quien dirige una alta institución del Estado y se sujeta por tanto a la rutina de los procedimientos porque ello es también una parte importante del cumplimiento estricto de la ley. La imprevisibilidad de que quiere hacer gala Mas es simple inmadurez, falta de solvencia intelectual, ausencia de sentido del Estado.

Sea como sea, el procedimiento no altera en este caso el fondo del asunto: Mas tiene que publicar -porque la nueva ley le obliga a ello- el decreto de convocatoria para el imposible referéndum del 9 de noviembre entre 30 y 60 días antes de esa fecha. Y, según el art. 161.2 de la Constitución, el Gobierno podrá impugnar dicha disposición ante el TC, con la particularidad de que "la impugnación producirá la suspensión de la disposición recurrida". En consecuencia, no tiene sentido sugerir una guerra de fechas para eludir lo que parece claramente ineludible.

Rajoy, como se sabe, está en China y no presidirá el Consejo de ministros del viernes. Nada se opone sin embargo a que "el Gobierno", presidido por quien lo presida en funciones -la vicepresidenta-, plantee el recurso en ausencia de Rajoy. También se puede aguardar sin problemas a que regrese el presidente del Ejecutivo y se celebre el siguiente consejo de ministros. Es irrelevante la opción que se adopte. Lo grave es intentar bordear la ley o llegar a plantear, como ha hecho el socio republicano del gobierno catalán, la desobediencia civil. Lo grave es obstinarse en dividir a los catalanes enfrentándoles gratuitamente a un dilema absurdo que presupone que un catalán no puede sentirse a la vez español (o viceversa).