Política

UGT-A pagó sus gastos generales y el ERE de 2012 con fondos de formación

    La Guardia Civil practicó ayer nuevas detenciones | EFE


    La trama creada por UGT Andalucía al menos desde 2006 para el desvío sistemático de fondos públicos para formación procedentes de la Junta de Andalucía, como la ha definido la Guardia Civil tras realizar 16 detenciones de empresarios, y extrabajadores y ex altos cargos del sindicato los dos últimos días, sirvió para cubrir sus gastos generales de funcionamiento (alquileres, luz, agua y otros servicios). También para respaldar los costes de su actividad organizativa (congresos) y sindical (actos y jornadas reivindicativas). Todo excepto las nóminas de sus empleados.

    Fue el extesorero de UGT-A detenido el martes, Federico Fresneda, quien ya en febrero de 2006 pedía a sus homólogos en las secciones provinciales que cargaran todos esos gastos a la empresa Soralpe, propiedad del sindicato y dedicada a formación, para que esta a su vez los endosara a las actividades subvencionadas con fondos públicos que supuestamente desarrollaba. En esa reunión, cuya transcripción tiene el juzgado, se excluyó únicamente los salarios de los empleados de los costes que se podían cargar contra la formación.

    El dinero público sirvió, incluso, para contratar en 2009 un seguro de caución con Generali sufragado con 200.000 euros de fondos para orientar a desempleados con el que se abonaron las indemnizaciones de 130 de los 160 despedidos en el ERE que el sindicato realizó en Andalucía en 2012.

    Todo ello se desprende de la abundante documentación remitida por Manos Limpias al juzgado de instrucción número 9 de Sevilla en septiembre del año pasado y que ha derivado en la operación Cirene 2 esta semana, precedida de la primera parte en diciembre pasado, cuando se registraron la sede del sindicato y las de tres de sus empresas participadas -entre ellas Soralpe-.

    Diez de los 16 detenidos en Cirene 2 los dos últimos días tenían previsto declarar ayer y fueron acusados de tres presuntos delitos por el juez Juan Jesús García: malversación, falsedad y contra la Hacienda Pública. Los responsables de empresas como Chavsa (Simón Chávarri) o Lienzo Gráfico (Diego Francisco Mata) declararon que toda su operativa de facturación con el sindicato la hacían bajo indicaciones de sus responsables y que siempre creyeron que eran prácticas legales. Cinco de ellos salieron ayer en libertad con cargos, aunque Chávarri fue de nuevo encarcelado.

    Ante todo ello, la Junta de Andalucía cedió a la presión política del PP andaluz y anunció ayer que se personará como perjudicada en la causa, tal y como se le solicitaba. Y tal y como ya ha hecho en el caso ERE. Ahora, el PP pide también que se multe al sindicato atendiendo a las sanciones previstas en la Ley General de Subvenciones.

    Por su parte, Manos Limpias exigió a ayer a la Junta que inhabilite al sindicato para recibir más subvenciones. Este mismo año ha obtenido otros 2,8 millones para orientar a parados del programa Orienta, el mismo por cuya gestión le investiga la justicia y por el que la propia Junta ya le ha exigido en firme que le reintegre 1,8 millones.

    Críticas de Méndez

    El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, detalló ayer que el sindicato tiene un año, desde que se abre el expediente de reintegro (fue a inicios de 2014, en este caso) para alegar y acabar devolviendo los fondos. Esta consejería, que gestionó los fondos para formación hasta 2013, tiene abiertos otros 19 expedientes de reintegro que suman 15,2 millones, de los que está aún por determinar cuánto se exigirá a UGT que devuelva.

    Desde este sindicato se pronunció ayer su secretario general, Cándido Méndez, quien rechazó todas las acusaciones tajantemente. "La UGT, y dentro de ella la UGT de Andalucía, no se concibe ningún tipo caja b, quiero dejarlo muy claro. También quiero dejar muy claro que en la UGT los fondos de formación se utilizan para la formación".

    Al mismo tiempo, cargó contra la Fiscalía y los altos mandos de la Guardia Civil: "Desde UGT respetamos la actuación de la justicia, creemos en la independencia judicial, pero hay instituciones, como es el Ministerio del Interior, que no es independiente, o los mandos de la Guardia Civil que tienen una relación jerárquica con el Gobierno y con el Ministerio del Interior. Podemos decir lo mismo de la Fiscalía, que depende a efectos funcionales del Gobierno"

    A raíz de la documentación aportada al juzgado y los indicios que persigue la UCO de la Guardia Civil, y pese a que el caso se encuentra aún bajo secreto de sumario, se pueden identificar tres pilares clave sobre los que se sustentaba este sistema "que se fue perfeccionando en el tiempo" y que se convirtió "en la principal fuente de financiación del sindicato" en Andalucía, según el Instituto Armado.

    Mordidas

    En primer lugar estaban las comisiones que el sindicato exigía a sus proveedores de confianza: son las empresas que se han registrado los dos últimos días y cuyos directivos han sido detenidos. Se les exigían, por ejemplo, comisiones del 20 por ciento a la de mobiliario para equipar aulas de formación (Chavsa), o del 10 por ciento a la imprenta (Lienzo Gráfico).

    Otra de ellas, la jienense Karonte, reconoció a través de su gerente que abonó en mordidas hasta 177.338 euros en 2011. O que en enero de 2008 abonó 16 cheques de 2.900 euros cada uno (46.400 euros) a UGT como parte de esas comisiones. De esa manera trataron de burlar al Banco de España al no superar los tres mil euros en cada ingreso. Una técnica que se denominaba pitufeo. El gerente de Karonte, Miguel Ángel González, es uno de los detenidos el martes y fue, antes de montar esta empresa, secretario de acción sindical de UGT en Jaén.

    En segundo lugar, el sistema destinado a defraudar incluía la generación de facturas infladas y/o falsas por parte de esos proveedores de confianza. Con las cantidades sobrefacturadas, y que el sindicato endosaba a la Junta, se generaban botes de dinero sobrante que se quedaban en las arcas de esas empresas externas. Luego, el sindicato iba pidiendo a las empresas distintos productos y servicios para su funcionamiento ordinario que se sufragaban con el dinero previamente defraudado a la administración.

    El programa informático de gestión interna implantado por UGT incluyó un manual de procedimientos en el que se hablaba sin tapujos de la 'gestión de botes', como publicó el diario El Mundo. Este hecho, junto a las directrices del extesorero Francisco Fresneda, sustentan el hecho de que el fraude fuera sistemático y perfeccionado en el tiempo, como señala la Guardia Civil.

    La empresa madrileña Publicar D&M, que no ha sido registrada en el marco de ninguna de las operaciones como ayer por error informó este medio, es con la que se habría generado un bote mayor fruto de esa sobrefacturación: 238.000 euros. Suministraba material de oficina y también material para regalos corporativos: emitió una factura como si hubiera entregado 7.000 pen drive, cuando sólo entregó 10, por ejemplo. Otra factura de esta empresa, que se cargó contra programas de prevención de riesgos laborales, sirvió para que el sindicato aportara una tonelada de caramelos para la cabalgata de Sevilla en 2009.

    Otra de las empresas, Viajes Macarena, usó el dinero del bote para pagar, por ejemplo, una estancia de Cándido Méndez en Málaga en 2009, en una suite de un hotel de cuatro estrellas con sauna y jacuzzi. Por último, la imprenta Lienzo Gráfico generó otro bote a favor del sindicato de hasta 124.000 euros.

    La tercera vía para desviar fondos era el uso de las propias empresas del sindicato. Se trata, en principio, de las tres que fueron registradas en diciembre pasado: Soralpe, Proyectos Inmobiliarios Novasur y Geosur Arquitectura y Urbanismo. Soralpe era la empresa a la que Fresneda ordenó cargar todos los gastos de funcionamiento de las sedes provinciales. A esta empresa pertenece también otro de los detenidos el martes, Lola Sánchez Montaño, contratada por esta firma pero que trabajaba dentro de UGT como responsable de la relación con proveedores.

    Soralpe, según las pruebas aportadas al juzgado, habría camuflado como gastos de formación los costes del congreso de UGT Almería de 2009; o los actos del 1 de mayo que el sindicato desarrolló en esa misma provincia en los años 2010 y 2011.