Las cinco casas de Magdalena Álvarez no cubren ni el 7% de la fianza por los ERE

Magdalena Álvarez, exministra de Fomento, podría tener serios problemas para hacer frente a la fianza civil de 29,5 millones que le ha impuesto la juez Alaya por el caso de los ERE. La magistrada, que ha pedido a Álvarez que notificara al juzgado los bienes y patrimonio que posee y que pueden ser susceptibles de embargo, explicó en un auto dictado en marzo que la fianza tiene "tiene una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta" de Andalucía. Álvarez posee cinco casas repartidas entre las provincias de Madrid, Sevilla y Málaga, a partes iguales con su marido.

Aunque la exministra tiene además siete plazas de garaje y un local comercial en el distrito de Moncloa, en Madrid -al margen de ello cobra casi 28.000 euros mensuales como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones- es un patrimonio que, según las estimaciones hechas por elEconomista con datos de agencias y consultores inmobiliarios, apenas alcanzaría los 2 millones de euros, con lo que la exministra y antigua consejera de la Junta de Andalucía no llegaría a cubrir ni el 7 por ciento de la caución impuesta por la juez.

Entre las distintas propiedades con las que cuenta destaca, especialmente, la vivienda ubicada en la calle Cea Bermúdez de Madrid. Según los datos del Registro de la Propiedad, es una octava planta, tiene una superficie de ciento noventa y ocho metros cuadrados, de los que diecisiete metros corresponden a la terraza y no tiene cargas (deudas, hipotecas) registradas. El precio de la casa, con plaza de garaje incluida, estaría entre los 700.000 euros y los 800.000 euros, aproximadamente.

Asimismo, destaca también, en la Costa del Sol, una parcela en el término municipal de Benalmádena, concretamente en el barrio de Arroyo de la Miel. Tiene una superficie de mil cuarenta y un metros cuadrados, con una vivienda que, de acuerdo con los datos del Registro de la Propiedad de la localidad malagueña, se está construyendo en una sola planta y que ocupa una superficie útil de 89 metros cuadrados, además de otros 30 para la plaza de garaje. De acuerdo con los precios de la zona, se trata de una propiedad que podría estar valorada hasta en 300.000 euros.

Entre las otras tres propiedades, un piso en la calle Raimundo Lulio de Málaga de algo más de 200 metros cuadrados, una pequeña casa unifamiliar en Estepona, en la Playa del Moral, y un piso en Sevilla, no sumarían en conjunto más de un millón de euros. La vivienda situada en la capital hispalense tiene una superficie de ciento treinta metros cuadrados y una terraza en un piso superior de treinta y seis metros cuadrados.

Según los datos del Registro Mercantil, la casa se valoró en 2005 por 318.000 euros y tiene una hipoteca de 160.000 euros a favor de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Esta es la segunda hipoteca que Magdalena Álvarez y su marido firman sobre la vivienda. La primera fue por unos 300.000 euros, con un vencimiento en 2035.

Recursos de la Fiscalía

Pese a que ya ha pasado más de un mes desde que la juez Alaya diera un plazo de diez días para que la exministra de Fomento designara los bienes de su propiedad sobre los que ejecutar el embargo, así como sus cargas o gravámenes asociados, todavía no se ha movido ni un papel en el juzgado de Sevilla para reclamar esos bienes.

El proceso está paralizado a la espera de que se resuelvan los recursos presentados por Álvarez contra la fianza civil por "abusiva" y "arbitraria". La exministra señaló en el recurso que no se deducen indicios de criminalidad suficientes para "imponer una medida de tan grave alcance". En este punto, Anticorrupción se ha adherido al recurso presentado por la defensa de la exministra.

Fuentes del caso explicaron que la Fiscalía apoya el recurso en coherencia con su posición cuando declaró la imputada y no pidió ningún tipo de caución contra ella. Entonces, el ministerio público no solicitó medidas por considerar que la investigación no estaba terminada y no se podía cuantificar la cantidad presuntamente malversada bajo su mandato.

Frente a los recursos, la jueza Alaya expone en sus autos que Magdalena Álvarez, en el tiempo en el que prestó servicios en la Consejería de Economía y Hacienda, "fue promotora, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011".

Así, la juez apunta que la exministra fue decisiva a la hora de alimentar la partida destinada a estas concesiones ya que, a instancias de ella, se aprobaron en 2002 cinco modificaciones presupuestarias por 32,2 millones. Según sus cálculos, Álvarez tiene que responder por una parte de los 177 millones que se abonaron ilícitamente hasta 2003.