Griñán adjudicó 'a dedo' 56 millones para cursos 48 horas después de perder las elecciones

Por el procedimiento de concurrencia no competitiva, lo que comúnmente se conoce como 'a dedo'. Así fueron cuatro resoluciones tomadas por el hoy expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en concepto de cursos para trabajadores, por valor de 56, 2 millones de euros y que recayeron en distintos organismos. Aquella decisión fue tomaba solo 48 horas después de perder las elecciones autonómicas de marzo de 2012 y su publicación en el BOJA no tuvo lugar hasta cinco semanas después de haberlas concedido.

El Ejecutivo de Griñán -hoy en el punto de mira por las investigaciones de la Policía en la llamada Operación Edu (presunto fraude masivo con los fondos de formación donados a Andalucía por la Unión Europea y la Administración del Estado, una estafa que podría rozar los 2.000 euros entre el periodo de 2007 a 2013)- siguió repartiendo dinero nada más perder las autonómicas de marzo de 2012, cuando el PSOE no sabía todavía si iba a mantenerse en el Gobierno, como finalmente ocurrió tras alcanzar un acuerdo con Izquierda Unida.

La Confederación de Empresarios de Andalucía, UGT, CCOO y USO, otros sindicatos, federaciones de trabajadores autónomos y patronales de diferentes sectores fueron los beneficiarios.

Sin embargo, el Servicio Público de Empleo (SAE) -recoge este lunes elconfidencial.com- no publicó estas ayudas hasta el 30 de mayo de 2012. En este caso, el mecanismo para distribuirlas fue el empleado en otras resoluciones: el procedimiento de concurrencia no competitiva. Algo que la propia Cámara de Cuentas denunció en un informe del pasado mes de febrero.

Millones para patronal y sindicatos

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), presidida entonces por Santiago Herrero -quien meses más tarde de esta adjudicación tuvo que dimitir acosado por los escándalos- fue una de las beneficiadas de las subvenciones millonarias concedidas por la Junta de Andalucía, presidida en funciones en ese momento por José Antonio Griñán. En su caso, la Junta le adjudicó 17,4 millones de euros para organizar cursos para trabajadores preferentemente ocupados.

UGT y CCOO, en sus delegaciones en Andalucía, se llevaron 8,7 millones para organizar cursos para trabajadores. USO, por su parte, recibió en igual concepto una asignación de 334.854 euros. El resto de adjudicaciones recayeron repartidas a otros sindicatos y federaciones de trabajadores autónomos y patronales de diferentes sectores. En total, las cuatro resoluciones del 27 de marzo de 2012 ascendieron a 56,2 millones de euros.

Además de estas cuatro resoluciones por valor a 56,4 millones de euros, cuatro días después de las autonómicas, el SAE aprobaba la transferencia de otros 46 millones de euros para la promoción de cursos para el empleo. En este caso, cursos de formación para trabajadores desocupados. La entrega de esta cantidad quedó formalizada en una sola resolución. El BOJA dio a conocer este reparto el 14 de mayo de ese mismo año, casi dos meses después. Una vez más, la Confederación de Empresarios de Andalucía era la más beneficiada con 18,7 millones de euros, mientras UGT y CCOO lograban 14 millones de euros.

Según refleja el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Griñán intensificó durante los últimos meses, entre enero de 2011 y marzo de 2012, ayudas a cursos de fomento del mercado laboral por un importe de 353 millones de euros, una cantidad que habría que descontar de las ayudas directamente concedidas por las delegaciones de Empleo de la Junta.

En este capítulo adjudicatario, asegura EC- destaca la resolución que la SAE toma en enero de 2011 por valor de 114 millones de euros a una extensa lista de sociedades mercantiles de toda Andalucía dedicadas a la formación, cuando, dos semanas después, el 13 de febrero, la SAE repartía de nuevo 49 millones de euros en este concepto. En esta última convocatoria, la mayor subvención -concretamente de 693.850 euros- terminó en la cuenta de la Asociación para la Calidad Europea Inteca, un centro educativo que tiene como domicilio social una vivienda, y cuya página web no aporta ningún dato sobre quiénes son sus responsables.