El CGPJ protegerá de ataques a los jueces de casos de corrupción

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó este jueves una declaración institucional en la que señala que "amparará expresamente" a todos los miembros de la carrera que lo demanden "frente a actuaciones o críticas injustificadas" y que, en cualquier caso, "apoyará de manera expresa en el ejercicio de sus cometidos" a los jueces y magistrados, especialmente, aunque no los cita, a los encargados de casos de corrupción.

Recuerda que el ejercicio del poder jurisdiccional está, como todos los demás, sometido a la crítica pública, pero añade que "bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda o poner en entredicho con argumentos groseros la imparcialidad o independencia" de los jueces.

Por otro lado, el Tribunal Supremo admitió a trámite la impugnación que presentó UPyD contra el acuerdo que alcanzaron el PP, el PSOE, los nacionalistas de CiU y PNV e Izquierda Unida para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a finales del pasado año, un pacto que la formación magenta considera "espurio".

En una diligencia de la Sala Tercera de lo contencioso-administrativo del Supremo se da por presentado el recurso y se ordena, como primera diligencia, reclamar al CGPJ la remisión, en el plazo de 20 días, de los decretos de nombramientos de su presidente, Carlos Lesmes, que a la vez preside el Supremo, y de sus veinte vocales elegidos por el Congreso y el Senado en virtud del citado pacto político.

La sala designa ponente al magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, que hasta 2011 fue magistrado del Tribunal Constitucional por un pacto político como el que ahora denuncia UPyD y que en su etapa en el Alto Tribunal cuestión la sentencia del Estatuto catalán al considerar que había más artículos inconstitucionales de los que se declararon.

En su recurso, UPyD denunciaba que "la forma en que las distintas fuerzas políticas se han repartido el recientemente nombrado CGPJ responde a un previo acuerdo fundado en un calculado reparto de cuotas partidista que alcanza no solo a los veinte vocales del referido órgano de gobierno de los jueces sino también al nombramiento del Presidente del CGPJ, acordado igualmente con carácter previo a la elección de los vocales, que en la práctica, y por más que se empeñen en negarlo, han actuado en dicha designación como meros delegados o comisionados de los partidos que los han promocionado".

A su juicio, "ese reparto partidista por cuotas de los integrantes del CGPJ no sólo supone una extralimitación de las funciones asignadas a los partidos políticos en nuestra Constitución y conculca el principio de la independencia de la Justicia", además de convertir en "·una farsa" el examen parlamentario de los candidatos y vulnerar los derechos del grupo de UPyD, ajeno a la negociación.

La pretensión de UPyD es que, una vez admitido a trámite su recurso, el propio Tribunal Supremo eleve una cuestión de inconstitucionalidad al TC para que sea éste quien opine, ya que sus cinco diputados no son suficientes para recurrir al Constitucional.