Munar busca un pacto con la Fiscalía para obtener beneficios carcelarios

La defensa de la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, condenada a 11,5 años de cárcel por corrupción, busca pactar con la Fiscalía Anticorrupción para conseguir beneficios carcelarios y reducir las posibles penas que podrían recaer sobre ella en las causas que aún tiene abiertas, según han confirmado fuentes jurídicas.

Munar, también expresidenta del Parlament balear, ingresó el pasado julio en la prisión de Palma por las dos condenas de un total de 11,5 años de cárcel que pesan sobre ella por corrupción, en concreto de los casos Can Domenge y Maquillaje (esta última sentencia confirmada por el Tribunal Supremo).

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, hasta el momento se han celebrado dos reuniones entre la defensa de Munar y la Fiscalía Anticorrupción.

Estos encuentros no han sido, sin embargo, bilaterales, ya que en ellos también han participado los abogados de otros dos expresidentes de Unió Mallorquina imputados y condenados por corrupción, Miquel Àngel Flaquer y Miquel Nadal, para tratar de llegar a acuerdos.

En el caso de Munar, de prosperar un pacto podría pasar por devolver dinero a las arcas públicas y reconocer los hechos, lo cual le reportaría beneficios penitenciarios y rebajas en el caso de futuras condenas.

Una de esas reuniones, han indicado las fuentes, se celebró en Palma, aunque en el caso de Munar solo se trata de "aproximaciones normales" en estos casos sin que se haya llegado a ningún acuerdo y sin que su abogado, José Antonio Choclán, haya renunciado aún a defender su inocencia en los casos que tiene en instrucción.

El diario El Mundo afirma hoy sobre la estrategia de Munar que "si hasta hace poco ha intentado defenderse negando todas las acusaciones mientras sus subordinados la involucraban en los casos Maquillaje y Can Domenge, ahora ha autorizado a su defensa a que tantee la posibilidad de alcanzar un pacto con la Fiscalía".

Munar será trasladada el próximo día 22 desde la cárcel hasta los juzgados de instrucción de Palma para declarar como imputada por otra causa, el llamado caso Son Oms, sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de recalificar unos terrenos de un polígono industrial de Palma.

También está imputada en una causa por cohecho ligada al caso Can Domenge y otra por malversación, prevaricación, asociación ilícita y fraude por el caso Inestur.

Está condenada a 6 años de prisión por la venta fraudulenta del solar público de Can Domenge y a otros 5,5 años dentro del caso Maquillaje por conceder desde el Consell de Mallorca dos subvenciones irregulares de 120.000 euros.