La Fiscalía pide explicaciones a Interior por la filtración de la operación contra ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto a primera hora de la mañana de este jueves diligencias informativas por la difusión de una nota y un mensaje en Twitter del Ministerio del Interior en la que se adelantaba la operación antiterrorista realizada ayer contra el denominado 'frente de makos' (cárceles) de ETA, han informado fuentes fiscales. Posible destrucción de pruebas.

El órgano dirigido por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, ha solicitado un informe al Ministerio sobre la remisión del comunicado. Fuentes fiscales han calificado lo ocurrido como grave puesto que, al adelantarse la información sobre la entrada de la Guardia Civil en el local de Bilbao donde seis de los ocho detenidos celebraban una reunión, se ha podido dañar la investigación judicial que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El calendario del fin de ETA

La investigación fiscal tratará de aclarar lo ocurrido y estudiar si de ello pueden derivarse responsabilidades penales aunque las mismas fuentes aseguran que todo apunta a que pudo tratarse de un simple error. El Ministerio del Interior anuló una nota de prensa en la que informaba de una operación antiterrorista con varios detenidos en el País Vasco y Navarra que aún no se había producido.

Entorno a las 15.00 horas del miércoles, el Ministerio informó a los medios de comunicación y a través de la red social de que el Instituto Armado estaba desarrollando un operativo en el que se habían realizado varias detenciones. No obstante, media hora después Interior anulaba esta información a todos los efectos. Los arrestos aún no se habían producido.

La operación se ha saldado con el arresto de ocho personas, entre ellas los abogados Jon Emparantza y Arantza Zulueta, encuadrados en el sector más duro del entorno etarra. Fuentes fiscales indican que el juez Velasco ha decretado la prórroga de la detención, que será comunicada, por lo que los detenidos no pasarán a disposición judicial hasta el próximo domingo o lunes.

Las críticas de los sindicatos

Juan Antonio Delgado, secretario de comunicación nacional de Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), se queja de que el anuncio prematuro perjudicó la operación: "No es lo mismo atrapar a una persona desprevenida que que ya sepa que van a por ella. Lógicamente, si la persona lo sabe, lo primero que hace es destruir pruebas e intentar borrar huellas", opina.

Delgado tampoco descarta que el daño también afectara a otras operaciones en curso o incluso futuras, y admite que sin el error de Interior se podrían haber realizado más arrestos.

"No se entiende que el Ministerio sacara tan rápido la nota de prensa, en detrimento de la propia operación: Fernández Díaz debe explicar qué ha pasado, y con carácter urgente, y luego ya valoraremos otras medidas", sentenciaba en la Cadena SER.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) también exigen explicaciones "inmediatas y consistentes".

José María Benito, portavoz del SUP, fue el más contundente al reclamar la dimisión del ministro y su jefe de prensa, Albert Gimeno, por ser los responsables de un "hecho sin precedentes jamás ocurrido en la historia de la lucha antiterrorista".

Por ello, Benito pide al magistrado Velasco que "investigue este asunto puesto que podría tratarse de un Caso Faisán II".

Por su parte, Ignacio López, secretario general de la CEP, exige explicaciones "a la mayor brevedad posible". "Parece ser que ha primado el ansía política del Ministerio del Interior por apuntarse tantos a costa de la lucha antiterrorista y de la seguridad de los propios agentes", se queja.