La etarra Inés del Río, en la calle: libre tras la anulación de la 'doctrina Parot'

La etarra Inés del Río, condenada a 3.828 años de cárcel por 23 asesinatos, ha salido en la tarde de este martes del centro penitenciario coruñés de Teixeiro, a cuyas puertas le esperaba más de una veintena de personas. A las 16.25 horas de este martes Del Río abandonó la prisión de Teixeiro, donde unas 25 personas la han recibido con abrazos y una 'ikurriña' tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, que ha impuesto su puesta en libertad. En directo: todas las reacciones |GALERÍA: la salida de prisión.

Del Río, que ha pasado26 años en prisión, y las personas que aguardaban la salida de la etarra abandonaron las instalaciones de la prisión coruñesa de Teixeiro en seis coches. Análisis: ¿Y ahora qué debe hacer Rajoy?

Además, en el momento de la salida de la cárcel de Del Río, unas tres personas que portaban una bandera de España con el escudo tachado para denunciar que el Estado español "ha claudicado" profirieron gritos desde lejos.

La decisión de la Audiencia

Esta mañana, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado por unanimidad la excarcelación de la Del Río, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara este lunes el recurso del Gobierno contra la sentencia que condenó a España a indemnizarla por haberle aplicado la 'dcotrina parot' con carácter retroactivo.

La aplicación de la 'doctrina Parot', que contempla la aplicación de las redenciones por trabajos en la cárcel al total de penas aplicadas y no al máximo de 30 años de cumplimiento máximo, alargó la estancia en prisión de Del Río en cinco años, ya que su excarcelación inicial estaba prevista para 2008 y la Sala de lo Penal de la Audiencia la alargó hasta 2017.

Indemnización bloqueada

El Pleno también ha ordenado el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros concedida a Del Río para destinarla a sus víctimas. En un auto hecho público este martes, los 17 magistrados que componen el Pleno solicitan que se impute esta cantidad "al pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas".

Especifican además que la sentencia de TEDH es "de obligado cumplimiento para nuestro Estado" que se comprometió a "dar efectividad y ejecutar las sentencias del tribunal al prestar su consentimiento al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Civiles y Libertades Fundamentales".