El Tribunal de Cuentas archiva la investigación de las irregularidades de Bibiana Aído

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García, ha asegurado que se han archivado las diligencias de investigación abiertas tras las "irregularidades y deficiencias" detectadas en los contratos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en los años de 2008 y 2009, con Miguel Lorente al frente y con Bibiana Aído como ministra de Igualdad.

Así lo ha confirmado durante la presentación este martes al Parlamento del informe de fiscalización de la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, en respuesta a la senadora María Jesús Ruiz, quien le ha preguntado sobre si había algún expediente abierto por parte del Alto Tribunal, frente a alguna de las actuaciones de los responsables políticos o técnicos de la Delegación y si en algún caso se iba a tomar alguna medida.

Se trata de un informe que la entidad fiscalizadora aprobó a principios de 2011, pero desde entonces estaba pendiente su debate y valoración por parte de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Frente a las críticas de la socialista Ángeles Álvarez, de que este informe podía contener tintes políticos, cuando debería focalizarse en el análisis de la actividad fiscalizadora de la Delegación del Gobierno, Álvarez de Miranda ha defendido que el Tribunal se limita a analizar expedientes de contratación, revisar documentos, fiscalizarlos y ver si son suficientes, además de verificar si los contratos y convenios están solventados.

"El conjunto del informe en el que se desarrollan y analizan deficiencias de contratación no puede valorarse como un informe de contenido político. Desarrolla irregularidades de contratación a la hora de formalizar los expedientes, y por tanto ése es el único sentido del trabajo del Tribunal y no se le puede ver ningún otro sentido más que eso", ha insistido el presidente de la entidad fiscalizadora.

En su informe, el Tribunal de Cuentas detectaba que en 2008 los órganos de contratación de la Delegación de Violencia de Género "no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación" pese a ser el que la Ley de Contratos fija como ordinario, "lo que podría haber afectado al cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir todo el procedimiento de contratación pública".

En concreto, el informe apunta a dos expedientes por un importe total de 5,5 millones que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando razones de urgencia que, según el Tribunal, "no estaba debidamente justificada". A juicio de Miranda, ello pudo comportar una "falta de transparencia" por parte del órgano de contratación, que debería haber utilizado otro procedimiento.

Además, constata la "utilización reiterada" de la tramitación de urgencia, "y en algún caso de emergencia", sin que conste documentación que lo acredite.