Alaya ordena detener a empresarios y sindicalistas por enriquecerse con los ERE

La Guardia Civil desarrolló ayer en Sevilla, Cádiz, Málaga, Jaén, Madrid, Segovia, Barcelona y Córdoba una redada de detenciones y registros en domicilios, oficinas y dependencias públicas -Diputación de Sevilla- en el marco de la llamada Operación Heracles II. Ordenada por la juez Mercedes Alaya, esta operación es continuación de la desarrollada en marzo para averiguar el destino último del dinero defraudado -50 millones en una estimación inicial- por los intermediarios en los procesos de ERE desarrollados en Andalucía desde 2001.

En esta segunda parte se ha identificado a un grupo de empresarios y sindicalistas -de CCOO y UGT- que se lucraron directa e indirectamente con fondos públicos, según las averiguaciones de la Guardia Civil en las que la juez se apoya para ordenar nueve detenciones y registros. Además, habría otros 45 imputados, que elevarían el total a 170.

Entre los arrestados están Salvador Mera, actual secretario general de UGT en Cádiz, por su participación en los ERE de la Faja Pirítica minera de Huelva; Roberto Carmona, exsecretario de desarrollo industrial de CCOO en Andalucía; otro exdirigente del sindicato en Córdoba, Francisco Casado, y su hermano, José Manuel; y Juan Antonio Florido, exsecretario general de la federación Fiteqa de CCOO en Andalucía. Este último es uno de los 125 imputados en el caso ERE.

Florido se prejubiló en una empresa de Sevilla, Hytasal, que recurrió al fondo de reptiles, gracias a su mediación, para realizar un ERE subvencionado con ayudas públicas. Cobró por ello una póliza de 221.543 euros. Además, y debido a su estrecha relación con el director de la mediadora Vitalia en Andalucía, Jesús Bordallo, recibió pagos de Vitalia por otros 44.000 euros.

Por su parte, los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, también arrestados ayer, recibieron ayudas para el holding de empresas que crearon en la Sierra Norte de Sevilla de 32 millones, casi el 40 por ciento de todo el dinero del fondo de reptiles destinado a ayudas a empresas. Este "tándem empresarial", como lo define la juez, creó múltiples empresas sin actividad ni empleados, para recibir las ayudas fraccionadas. Ayudas que no se usaron para crear ni mantener empleo, "sino para capitalizar empresas, venderlas a mayor precio, invertir en prensa y para su enriquecimiento personal".

Rosendo fue fundador del diario Negocio y sus empresas recibieron 13 millones. Su padre, Rafael Rosendo, exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), está imputado.

Hombre clave

La juez critica además que los registros practicados ayer se justifican, en parte, porque los expedientes de concesión de ayudas que la Junta de Andalucía -acusación en el caso- "estaban incompletos".

Fruto de la investigación de los agentes ha emergido el papel clave de Enrique Rodríguez Contreras, director de Empleo de la Diputación de Sevilla. Rodríguez, destituido ayer de forma temporal tras conocerse su detención, fue gerente del IFA -ente pagador de las prejubilaciones y ayudas- en Sevilla de 2002 a 2004. Y persona de confianza del exconsejero de Empleo y hoy diputado, José Antonio Viera.

También se ha detenido al vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol, Ángel Quesada, que a través de su firma Nexprom pagó 390.000 euros a uno de los testaferros que usó Juan Lanzas. Quesada realizó un ERE en uno de los hoteles que posee en Torremolinos en el que medió Lanzas. Este exdirigente de UGT es el principal conseguidor de los ERE, recibió al menos 1,8 millones de dinero público.

Además, se ha registrado el domicilio de Antonio Manuel Bustamante, dueño de Surcolor y ya imputado, empresa en cuyo ERE se prejubilaron dos familiares de exaltos cargos del PSOE. Y el restaurante Río Grande de Sevilla, en cuyo ERE se identificó un intruso, así como el domicilio de su propietaria, María del Carmen García. El noveno detenido ayer es un exdirectivo de banca en Málaga, cuya identidad no ha trascendido.