El juez permite licitar la gestión de seis hospitales en Madrid

La Comunidad de Madrid salvó ayer un nuevo obstáculo judicial en su carrera para privatizar la gestión sanitaria de 6 hospitales públicos de la región con el objetivo de ahorrar 169 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantó ayer la suspensión cautelar provisional que había decretado el pasado 10 de julio sobre el concurso de externalización de los centros Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo. El concurso de hospitales podría repetirse

La decisión no despeja del todo el camino para que el próximo mes de septiembre la gestión de los hospitales pase a manos de las tres empresas adjudicatarias del concurso público, el grupo Ribera Salud -en consorcio con OHL- y El Corte Inglés, Sanitas y el grupo puertorriqueño Hima San Pablo, ya que el Partido Socialista Madrileño (PSM) anunció ayer un nuevo recurso.

El auto de la sección tercera de la Sala de los Contencioso del alto tribunal madrileño, que puede ser recurrido en el plazo de 5 días desde la notificación, rechaza el recurso presentado por el PSM al señalar que los socialistas "no ostentan de ningún modo un interés legítimo" para impugnar la resolución sobre los pliegos, tal y como había alegado el Gobierno regional.

El Tribunal entiende que los recurrentes "ni tienen la condición de licitadores que pudieran participar en la convocatoria", precisa en su resolución, "ni pueden impugnar sobre la base de un interés abstracto como simples usuarios y en defensa de una legalidad que no les corresponde".

En su recurso, los socialistas alegaron que la corrección realizada por la Consejería en un punto de los pliegos de licitación rebajó el importe de la garantía que debían pagar las empresas licitadoras, a 4 días de que se adjudicara el concurso, "lo podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva según la convocatoria posteriormente rebajado por vía de corrección de errores", según el auto de suspensión provisional del concurso.

Fianza de 200 millones

La fianza inicial prevista en el concurso ascendía al 5% del importe del contrato total, cerca de 200 millones de euros. La Consejería corrigió esa cifra para reducir la fianza al 5 por ciento del contrato anual, alrededor de 28 millones de euros, que el Gobierno regional madrileño considera "suficiente" para garantizar la prestación adecuada del servicio público en caso de que se produzca alguna incidencia.

Las empresas adjudicatarias prefirieron guardar silencio y respetar la decisión judicial. Ahora deberán presentar la fianza requerida "en breve", según la Consejería, si bien el proceso podría de nuevo paralizarse si el Tribunal admite el recurso de reposición anunciado ayer por el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, sostiene que los tribunales no se han pronunciado todavía sobre el fondo del asunto.

Por su parte, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que agrupa el interés de las empresas del sector privado, mostró ayer su "satisfacción" por la resolución y abogó por una mayor colaboración entre el sector público y privado para evitar duplicidades.