El PSOE carga contra Alaya y el BEI ignora la imputación de Álvarez

El auto de la juez Mercedes Alaya que imputó el martes a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía en el sumario del macrofraude de los ERE, entre ellos a la exministra y exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ha revolucionado al PSOE.  Alaya amplía la investigación de los ERE andaluces hasta 1999

La vicesecretaria general, Elena Valencia, aseguró ayer que no hay base para esas imputaciones, que cree que se revertirán en los próximos meses, y apuntó a la "precisión" con la que emite sus autos la juez coincidiendo con hechos relevantes para los socialistas. Coincidencia que consideró "chocante".

Se refería así a que esas imputaciones se conocen una semana después de que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunciara que no será candidato y abriera un proceso de primarias en el PSOE-A. Juan Ignacio Zoido, presidente del PP andaluz, aseguró ayer en sentido contrario que la decisión de Griñán se produjo por las sospechas que ya se tenían en la Junta, desde hace semanas, sobre un auto que podría recoger imputaciones muy relevantes.

Ramón Jáuregui, diputado socialista que acompañaba a Valenciano ayer en un acto, coincidió en que la imputación de Álvarez "no se sostiene y no durará mucho".

La respuesta del Banco Europeo de Inversiones

Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en el que Álvarez ocupa una de las ocho vicepresidencias desde 2010 -pertenece al comité ejecutivo del banco, tercer escalafón en la jerarquía de mando de la institución-, rechazó ayer hacer cualquier comentario sobre la imputación de esta directiva. Esgrimió como motivo que los hechos por los que se ha encausado a la exministra se refieren a una etapa anterior a la de su entrada en la institución pública europea. El código de conducta del comité ejecutivo del BEI, según se recoge en la web del banco, no incluye ninguna cláusula referida al posible enjuiciamiento de alguno de sus miembros.

Por su parte, Antonio Valverde, actual director de la agencia Idea -el ente público que pagaba los ERE por orden de la consejería de Empleo-, avanzó ayer que va a recurrir su imputación ya que el auto del martes no hay "razonamiento jurídico que la justifique y no se aprecia ninguna tacha de tipo penal, no evidenciando indicios de la comisión de ningún delito".