Análisis: Interior se pierde en una fiebre controladora absurda y casi ilegal

El Ministerio del Interior, desorientado en esta última etapa, ha filtrado un proyecto de ley de Seguridad Privada que es sencillamente descabellado en varios de sus aspectos. El más disparatado de ellos, el referente a los detectives privados, a los que se pretende mantener bajo un férreo control absolutamente carente de sentido. Policía y Guardia Civil tendrá vía libre para acceder a los informes de los detectives privados

En este país, ya se sabe, la mala calidad de la política se pretende suplir con el celo de actuar en caliente sobre los problemas. Y puesto que hemos vivido el reciente escándalo del 'caso Método 3' en Barcelona, con espionaje a políticos con fines torticeros, el mencionado proyecto pretende que los detectives formalicen con todos sus clientes "por escrito un contrato por cada servicio de investigación que les sea encargado, comunicando su celebración al Ministerio del Interior en la forma que reglamentariamente se determine", a efectos de control "e inspección", se dice textualmente.

Es absurdo, y probablemente ilegal, que una actividad lícita deba ser sometida a esta vigilancia extrema, que puede llegar fácilmente a desvirtuarla. Ya se sabe que cualquier actividad humana puede desencaminarse pero la Constitución no permite que se tomen preventivamente cautelas limitantes de la libertad. Las agencias de detectives sirven, por ejemplo, para detectar infidelidades conyugales, fraudes laborales, conductas morosas injustificables, etc. Y, como ha dicho un representante de los detectives, ¿qué necesidad hay de que el Estado sepa si un ciudadano sospecha de su esposa, o viceversa?

Lo grave del caso es que tras esta clase de anuncios se trasluce una mentalidad represora, que llena sistemáticamente de sospechas el papel de profilaxis social que deben ejercer las fuerzas de seguridad. Y es mala la visión que presupone malicia en todas partes: el político debe ejercer sistemáticamente la presunción de inocencia, consciente de que es mejor que cien culpables queden en libertad en vez de que un solo inocente vaya a la cárcel.

En definitiva, la sociedad civil debe desarrollarse sin tutelas, de forma que la interferencia del Estado se produzca sólo en casos extremos, cuando no haya más remedio. El planteamiento contrario, de una sociedad tutelada porque se descarría si no se la vigila intensamente, es impropio de la madurez democrática de este país.