Lo que deja tras de sí el 'caso de los ERE': drogas, paraísos fiscales y sobres en el Parlamento

"Cuando se tienen altas responsabilidades es difícil controlarlo todo". Éste es el argumento con el que el expresidente andaluz Manuel Chaves justifica que la Consejería de Empleo actuase a sus espaldas en el fraude de los ERE de la Junta. José Antonio Griñán, actual presidente y quien manejaba el dinero desde la consejería de Hacienda hasta 2009, también se desmarca de la trama negando los informes de la Intervención General de 2005 y los posteriores de 2006 y 2007, que discreparon sobre el procedimiento elegido. Tras las últimas revelaciones al levantarse este lunes el secreto del sumario, ambos podrían tener que volver a dar explicaciones.

Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Guerrero, quien declaró que gran parte del dinero se lo gastó en cocaína, fiestas y copas para él y su jefe, aseguró ante la jueza Alaya, el pasado 22 de marzo que el exconsejero de Presidencia de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, "llamó en varias ocasiones" a su jefe para incluir a "intrusos" en las prejubilaciones.

Respecto a Zarrías, actual secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Trujillo aseguró que "tiene conocimiento de que llamó en varias ocasiones a Guerrero para incluir a personas en las prejubilaciones", pero a preguntas del fiscal no pudo precisar quiénes fueron esos "intrusos", ya que "eso fue un comentario que le hizo Guerrero pero no le dijo nada más". En el texto de su declaración, Trujillo también afirmó que Zarrías "hizo gestiones con Guerrero para que le dieran ayudas a una empresa azulejera" de Vilches (Jaén).

El diario El Mundo revela hoy que el proveedor de cocaína de Guerrero, Gregorio Martínez, ha confirmado a la Guardia Civil que compró cocaína en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas mientras le esperaba su chófer el el coche oficial.

Trujillo también aseguró a la juez que cuando el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, era consejero de Hacienda se reunió con el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y con el secretario de Hacienda o de Economía "para desatascar el retraso que había en los pagos de subvenciones, pólizas y ayudas".

El imputado "tiene conocimiento de llamadas de Griñán al señor Guerrero por comentarios que éste le ha hecho, que llamaba para interesarse por el tema y Guerrero le decía que tenían que ampliar los fondos para acabar con el retraso importante que había en los pagos".

Después de señalar que el tema está siendo objeto de investigación judicial gracias a la denuncia de la Junta de Andalucía, el también presidente del PSOE ha dicho que si el juez ha pedido nueva documentación a la Junta andaluza, "se entregará".

Sobres a las puertas de la Junta y del Parlamento

Asimismo, el reparto del dinero podría haberse hecho mediante sobres entregados a las puertas de la Junta y del Parlamento, según apunta ABC. Uno de los testaferros de la trama, Juan Francisco Algarín, ha asegurada ante Alaya que "llegó a entregar sobres con dinero al exsindicalista Juan Lanzas, quien inmediatamente después entraría en la Consejería de Empleo" para supuestamente entregar el dinero a su amigo Francisco Javier Guerrero.

Lanzas, exsecretario de Organización de UGT se encargaba de hacer de "mediador o conseguidor" de los ERE y de aparecer como intruso junto a su mujer en las falsas prejubilaciones.

Este tipo de entregas siempre se producirían en bares cercanos incluso junto al Parlamento. Hay constancia de entregas en la cafetería Ochoa, al lado de la Dirección General de Trabajo, o un pago de 400.000 euros en la cafetería de Mercasevilla. Incluso en una ocasión, Lanzas se habría hecho pasar por secretario de Guerrero en una reunión de Empleo ante representantes de la Caja Rural de Granada y el Grupo DHul para tramitar un ERE con esta última.

Paraísos fiscales

El hecho de que parte del dinero de los falsos ERE acabó en Rumanía, Luxemburgo y en otros paraísos fiscales es una las informaciones refrente al caso que vio la luz ayer.

Vitalia Vida, mediadora habitual de los ERE tramitados por la Junta de Andalucía a ala que cobró comisiones abusivas por gestionarle dicho expediente fue creando un complejo empresarial para desviar los fondos obtenidos a paraísos fiscales como Luxemburgo, Andorra y República Dominicana, según recoge este martes el diario ABC.

La Unidad Central operativa de la Guardia Civil estima en 21,55 millones de euros "el exceso de comisión percibida en el conjunto de pólizas" de prejubilación gestionadas por la consultora.