La Fiscalía piensa que Unió se lucró de forma ilegal a través de una fundación

Unió Democratica de Catalunya podría estar vinculada a un nuevo delito, en este caso de administración desleal por lucrarse de forma ilegal a través la Fundación Catalunya i Territori, investigada desde 2010. Al parecer ésta le condonó el alquiler de varias sedes y luego las vendió a un precio inferior al mercado.

Según informa el diario El Mundo, el Ministerio Público pedirá como prueba la declaración del administrador concursal, involucrado en la venta, del grupo empresarial IMS, en concurso de acreedores desde 2008 y que, según el fiscal, sirvió para desviar el dinero. Además considera que los imputados han cometido los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa, falsedad documental y varios contra Hacienda en las operaciones realizadas.

En la querella presentada en 2010, el fiscal determinaba que UDC se había beneficiado de servicios pagados por IMS y la fundación. Además, destacaba que Catalunya i Territori tenía cinco locales en Lérida y Tarragona en los que Unió había instalado sedes. La fundación dejó de recibir el alquiler en 2005 y, poco después, vendió los locales al partido por un precio inferior al de mercado.

Desvío de dinero

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona investiga el presunto desvío de 1,8 millones de euros de la Fundación Catalunya i Territori al grupo empresarial entre 2003 y 2006, un desvío que habría sido justificado mediante el giro de facturas a esas sociedades por trabajos realizados, supuestamente, para el partido.

Por esta causa hay 15 personas imputadas, entre ellas el presidente de la fundación en aquella época, Josep Boqué, que también fue director general de Consumo de la Generalidad en los años 90.

Otros casos de corrupción

Unió se ha visto salpicada por la corrupción en las últimas semanas la ser condenado por la Audiencia de Barcelona como responsable civil subsidiaria en el 'caso Pallerols' al constatar que hubo "aportaciones directas al partido", según indica la sentencia.

En concreto, la sentencia indica que UDC deberá asumir la responsabilidad civil subsidiaria respecto de las cantidades debidas por el acusado Vicenç Gavaldà, destacado responsable del partido en la época en la que se centra la actividad de la trama, entre los años 1994 y 1999.