La Fiscalía se une a las tesis de Cifuentes de regular el derecho de reunión

Las polémicas declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sobre la necesidad de "modular" el derecho de manifestación han desencadenado una cadena de críticas y opiniones encontradas. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha defendido que el derecho de manifestación está protegido en la Constitución pero ha precisado que ello no significa "otorgar carta de naturaleza" a la explotación de un legítimo malestar social.

El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al de libertad expresión.

Sin embargo, Torres-Dulce ha advertido de las "imposibles consecuencias" de la utilización del descontento social como una forma de "deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares.".

Además, ha calificado la Constitución como un marco "ejemplar" de convivencia. Aunque en ocasiones ha podido defraudar las "altas expectativas" puestas en ella, ha subrayado que la solución de los problemas estructurales debe venir por el camino del diálogo y el análisis conjunto pero no por la "senda de la confrontación y la airada demolición del edificio constitucional".

De este modo, la Fiscalía se une al argumento de la Policía que ha reprobado las palabras de la 'popular' Cristina Cifuentes. Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han replicado que "no es necesario" modular la ley al tiempo que le han recordado que se trata de un "derecho sagrado".