Interior estudiará retirar la escolta a Marlaska como solicitó en un gesto de solidaridad

El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha anunciado este miércoles que tiene previsto solicitar hoy "una reevaluación de las circunstancias personales" del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, para analizar si "existe la posibilidad" de retirarle, tal y como él mismo ha solicitado, el servicio de escolta.

Así lo ha manifestado Ulloa al ser preguntado sobre si el Ministerio del Interior va aceptar la renuncia por parte del Marlaska de este servicio, decisión que el magistrado ha tomado al considerar que su situación "no difiere de la del resto de sus compañeros" de la Audiencia Nacional que ya no dispondrán de escoltas al considerar Interior que ya no los necesitan.

De esta forma, el secretario de Estado de Seguridad ha explicado que tras recibir la solicitud de Marlaska de renunciar a la protección, es Interior el que debe valorar esta posibilidad, ya que "la escolta no es un dispositivo discrecional". "Igual que se otorga por razones de seguridad se quita por razones de seguridad", ha matizado.

"Yo lo que voy a solicitar hoy es una reevaluación de las circunstancias personales de Marlaska para ver si existe esa posibilidad porque es su deseo. Si no existe esa posibilidad, le tendré que contestar que a tenor de las circunstancias concurrentes a su persona tiene que continuar llevándola", ha detallado, para reconocer, no obstante, que "la libertad individual está por encima de cualquier posible prestación del servicio público".

Asimismo, ha querido insistir en que la medida adoptada por el Ministerio del Interior, que supone retirarle la escolta a más de 500 personas, entre ellas a la mayoría de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, y que supondrá un ahorro total de casi cuatro millones de euros, se ha tomado "tras un adecuada evaluación de los riesgos individualizados".

La vuelta de ETA, "imprevisile"

Ulloa ha afirmado que desde su departamento no estiman que sea "previsible a corto plazo", es decir, al menos durante los próximos seis meses, "que se pudiera producir un golpe, un cambio o un giro de actitud por parte de ETA". Este es precisamente uno de los motivos que se han tenido en cuenta, según el secretario de Estado, para llevar a cabo la reducción.

"Esta medida adoptada tiene que ser contextualizada en las circunstancias con dos variables que se dan ahora y que no se habían dado anteriormente. Por un lado está que en el transcurso de tiempo después del cese de la actividad armada de ETA no se ha producido ningún atentado", ha añadido.

"Hay 50 jueces de instrucción en Madrid que llevan casos muy delicados como pueden ser los de bandas latinas", ha señalado, para añadir que la retirada del servicio no supone un menosprecio a la labor de los magistrados. "Me gustaría reconocer su trabajo porque hay que ser justo", ha apuntado.