Mato constata el fracaso de la Ley de Dependencia tras cinco años en vigor

La Ley de dependencia se ha convertido más en un deseo que una realidad al congelar su desarrollo este año y dejar ya en el "limbo" a 280.984 beneficiarios que no reciben atención, pero sí tienen reconocido el derecho, según datos de abril de 2012. Sanidad critica que hay 17 sistemas diferentes y negociará criterios comunes

La ministra de Sanidad, Ana Mato, y los consejeros autonómicos de servicios sociales hicieron ayer un balance inicial de los cinco años de aplicación de la norma que, según la ministra, "no ha cumplido las expectativas, se han construido 17 sistemas diferentes y se ha discriminado a los ciudadanos", al aplicar criterios distintos, tanto en los baremos para valorar la dependencia como en las cuantías económicas percibidas.

Sanidad pondrá así cuatro grupos de trabajo en marcha con las comunidades autónomas para establecer criterios comunes, priorizar prestaciones y simplificar el procedimiento de reconocimiento del derecho a la dependencia. Unas propuestas que se aprobarán en junio y que tendrán que acometer las regiones con 283,1 millones de euros menos, ya que el Ministerio de Sanidad suprimió el fondo del llamado nivel acordado que se distribuye entre las comunidades.

Ana Mato abogó ayer por priorizar el gasto en políticas sociales y hacer los ajustes necesarios, ya que el Ministerio de Sanidad dedicará 1.407 millones de euros a cubrir las prestaciones de los 757.939 beneficiarios a 1 de abril, 203 millones más para el llamado nivel mínimo garantizado, que se distribuye en función de los dependientes reconocidos en cada territorio.

El futuro de la dependencia en España es toda una incógnita. El coste de la dependencia ascenderá a 41.926 millones de euros en 2045, según un estudio publicado ayer por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas). En las próxima décadas cerca de 1,6 millones de personas serán beneficiarias del sistema de atención a la dependencia (0,6 millones de hombres y 1 millón de mujeres).

Tampoco ha cumplido sus objetivos de creación de empleo. El 63 por ciento de altas en la Seguridad Social correspondientes a Servicios Sociales han sido de cuidadores no profesionales o informales, cuya cotización social la abona el Imserso, convirtiendo "la excepción en norma", aseguró Mato.

El sistema hace agua, ya que la deuda de las administraciones públicas con los centros privados asciende a casi 1.500 millones de euros, mientras que los retrasos en los pagos superan el año en el caso de discapacitados mentales, físicos y psíquicos, los diez meses en residencias de mayores en algunas Comunidades Autónomas. Los ayuntamientos adeudan además más de 900 millones, con una media de retraso de nueve meses, según los datos ofrecidos por la FED.

Impacto presupuestario

Las previsiones de la ley también se han visto superadas por los acontecimientos. El importe acumulado previsto en la Memoria de la Ley, para el periodo 2007-2011 en los Presupuestos Generales del Estado, ascendía a 4.764 millones de euros, cuando el presupuesto definitivo final se ha situado en 7.487 millones.