Garzón exige al Supremo que explique por qué no anuló el juicio

La defensa de Baltasar Garzón en la causa en la que el ex juez de la Audiencia Nacional ha resultado absuelto de prevaricación por investigar el franquismo ha remitido un escrito al Tribunal Supremo solicitando una aclaración de la sentencia que incluya los argumentos que llevaron a la Sala que lo juzgó a rechazar las cuestiones previas al juicio que esta parte solicitó, entre ellas la aplicación al caso de la 'doctrina Botín'.

En el escrito remitido ayer a la Sala de lo Penal del alto tribunal por el abogado de Garzón en este caso, Gonzalo Martínez-Fresneda, se solicita concretamente que la sentencia se complete "con la debida motivación" en función de la cual se rechazaron las cuestiones previas, incluyendo el "desarrollo argumental" de la Sala para hacerlo. También solicita que se incluyan los votos particulares de los magistrados que votaron en contra de este acuerdo.

El abogado justifica su petición en que "la vulneración de derechos fundamentales tiene su trascendencia constitucional, también en relación con los acusados absueltos, sin que se pueda obviar el conocimiento de tales opiniones por haber sido la sentencia definitiva favorable al acusado", según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

El pasado 31 de enero, el tribunal que juzgaba a Garzón por investigar el franquismo careciendo de competencia rechazó los tres motivos de anulación del juicio que habían sido esgrimidos por la defensa, que eran la nulidad de los escritos de acusación, la falta de legitimidad de la acusación popular para mantener el procedimiento en solitario y la indefensión de Garzón por no ser aceptadas varias pruebas en su defensa.

La 'doctrina Botín'

Respecto de la 'doctrina Botín', la Sala adujo que los bienes jurídicos protegidos son de naturaleza pública, por lo que basta la acusación popular para sostener el procedimiento.

La aplicación de esta doctrina -llamada así por haber sido instaurada en el denominado "caso de las cesiones de crédito", en el que estaba imputado el presidente del Banco Santander- se justificaría, según el abogado de Garzón, en el hecho de que en este caso el juez suspendido se vio sentado en el banquillo con la única acusación de Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.

A este respecto, el tribunal señaló que el supuesto objeto de enjuiciamiento en esta causa entra en el ámbito de lo señalado en la sentencia que dio lugar a la "doctrina Atutxa", que permitió el enjuiciamiento del expresidente del Parlamento Vasco por no obedecer al alto tribunal y disolver un grupo parlamentario vinculado a Batasuna. En este caso sí se consideró bastante seguir con el juicio pese a que la Fiscalía no presentaba acusación.

Los excesos de Varela, insuficientes

Por otro lado, la Sala rechazó anular la instrucción realizada por Luciano Varela desde el 20 de abril de 2010, que fue el momento en el que, según la defensa, este magistrado dio oportunidad a las acusaciones a enmendar sus escritos, que carecían de requisitos formales para ser aceptados.

A juicio del tribunal, los excesos denunciados carecían de "entidad material suficiente" para justificar su anulación, sin perjuicio de lo que se diga luego en sentencia sobre este particular. Según la defensa de Garzón la sentencia no hace referencia alguna a estos argumentos, por lo que debe completarse.

Asimismo, el tribunal que juzgó y absolvió a Garzón confirmó durante la citada sesión del juicio los autos de denegación de prueba suscritos por Varela, si bien aceptó que los documentos interesados por Garzón en su defensa pudieran aportarse en la fase documental de la vista.