Todo sucedió según lo previsto. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, impuso su criterio en la junta de fiscales celebrada ayer, y la Fiscalía se querellará contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos de sus consejeras por la celebración del proceso participativo del 9-N, en contra del criterio expresado por el Tribunal Constitucional (TC) que prohibió la votación.Tras una reunión de cuatro horas, la junta de fiscales aprobó por 22 votos a favor y dos en contra la presentación de la querella. Los votos discrepantes los emitieron el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, al considerar que es suficiente que el Ministerio Público actúe por medio de las denuncias interpuestas el mismo día 9-N por partidos políticos y ciudadanos; y el fiscal del Tribunal Supremo, pedro Crespo, que expresó sus serias dudas a la querella ya que, en su opinión, las resoluciones del TC no son ejecutables, al no formar parte de la justicia ordinaria. La soledad de Romero de Tejada Pese a estas dos voces discrepantes, ninguno de los miembros de la cúpula fiscal apoyó las tesis del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que consideraba que no había base legal para querellarse. Los fiscales catalanes defienden que el TC omitió una advertencia expresa sobre la desobediencia de la suspensión cautelar de la consulta alternativa, por lo que "parece responder a una decisión meditada" de este órgano. Tampoco el Tribunal trasladó directamente a Mas esta resolución, de ahí que no vieran un delito de desobediencia. De esta manera, el fiscal heneral del Estado reiterará ahora su orden de presentar una querella contra Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, como presuntos autores de los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales por su papel en la organización del 9-N. A lo largo de esta semana, está previsto que la secretaría general técnica de la Fiscalía interponga la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante cuya sala de lo civil y penal está aforado Mas. Sin embargo, con esta decisión, Torres-Dulce ha abierto la segunda gran crisis en la Fiscalía catalana después de que en julio de 2013 ya dimitiera Martín Rodríguez Sol ,tras ser expedientado por haber defendido la consulta soberanista que preparaba Artur Mas. Sólo el PP apoya la querella Tras el anuncio, sólo el PP de Cataluña se mostró de acuerdo con la presentación de la querella anunciada por la Fiscalía. El líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, calificó de "error monumental" el paso dado en contra del criterio de los fiscales catalanes. De igual manera, el portavoz del PSC, Maurici Lucena, consideró que se está judicializando un asunto político, de manera que se "empeora el problema" y calificó este paso de "desastre telúrico". Por su parte, los partidos soberanistas (CiU, ERC y la CUP) recordaron ayer que el Parlament se ha autoinculpado por los hechos que el fiscal ve constitutivos de delito.