"Sabemos que el consejero de Hacienda conocía los informes que usted emitía". Así de claro se lo dijo ayer la juez Mercedes Alaya, instructora del sumario de los ERE fraudulentos, al exinterventor general de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez. El alto funcionario, a quien Alaya imputa delitos de prevaricación y malversación, emitió al menos 29 advertencias en distintos informes enviados a las consejerías de Empleo o Innovación, así como copia de todos ellos a la de Hacienda entre 2001 y 2009.José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta que dejará el cargo el 27 de agosto, y Magdalena Álvarez, su antecesora, dirigieron ese departamento entre 1996 y 2009. Álvarez está ya, de hecho, imputada, y las palabras de la juez indican que, pese a lo afirmado la víspera por Griñán, las mismas motivaciones le servirán para imputar al aún presidente andaluz. Esos informes alertaban, como ayer detalló elEconomista, de desfases presupuestarios crónicos en la partida para ERE ya que se asumían más gastos que los previstos; de la concesión de subvenciones sin procedimiento alguno, y del uso inadecuado de la transferencia de financiación para enviar fondos de la consejería de Empleo (que aprobaba el gasto y donde se gestó el fraude) al ente Idea (antes IFA), que lo abonaba, lo que excluía a ese flujo de dinero de fiscalización previa. Gómez desveló que, en el año 2003, un acuerdo del consejo de Gobierno que en ese momento presidía Manuel Chaves pidió a la Intervención analizar los expedientes de las transferencias de financiación. De ello dedujo el exinterventor que en el Gobierno se estimaba que algo anómalo estaba ocurriendo. Patología presupuestaria Tras implicar de esta manera claramente al expresidente andaluz, Chaves, y a la ya imputada Álvarez, el funcionario aseguró que le resulta "absolutamente impensable" que el consejero de Hacienda en 2005 -Griñán- no conociera lo que estaba ocurriendo con la partida para prejubilaciones ya que ese año se le envió un informe que alertaba del desfase presupuestario de 93 millones en esa partida, heredado de 2003 y 2004. Desfase que trastocaba además la elaboración del conjunto del presupuesto andaluz. Gómez definió lo ocurrido en la gestión de esos fondos como "patología presupuestaria" ya que se circunscribía sólo a la dirección general de Empleo. La declaración de Gómez y la postura de la juez desmontan el cortafuegos levantado en la Junta en torno a Griñán, que siempre ha negado que recibiera los informes de la Intervención. Su viceconsejera, y hoy consejera de Hacienda, Carmen Martínez, se autoinmoló políticamente al asegurar que sólo ella los conoció. Y tampoco hizo nada. Además, Gómez aseguró que no recibió presiones políticas para no elaborar un informe de actuación con medidas concretas para que cesara el fraude. Griñán se escuda en que no hubo informe de actuación para defender que él no sabía nada.