Un grupo de inversores de Nueva Rumasa ha interpuesto una querella criminal contra cuatro de los hijos varones de José María Ruiz Mateos -José María, Álvaro, Alfonso y Javier- ante el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso de los ERE, para que se les impute por el mismo. Juan Lanzas, el exsindicalista cerebro del fraude de los ERELos inversores, a los que representa el abogado Ángel Sutil, solicitan que se admita su personación en la causa y que se investigue si, tal y como denuncian, el clan de la abeja pagó al exsindicalista Juan Lanzas un total de 550.00 euros por tramitar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y sus correspondientes subvenciones. En la querella, a la que ha tenido acceso elEconomista, se asegura que "según los propios Sres. Ruiz-Mateos, en las diferentes declaraciones que han realizado a los medios, la Junta de Andalucía aprobó los cinco Expedientes de Regulación de Empleo que Nueva Rumasa llevó a cabo en la región". En concreto, hubo dos en el grupo Dhul, uno en Bodegas Garvey, otro en la sociedad Zoilo Ruiz Mateos y un quinto en el Hotel Cervantes. Rejuvenecer las plantillas "Dichos ERE, según han precisado los hermanos Ruiz Mateos, se realizaron para rejuvenecer las plantillas de cada una de las compañías, sustituyendo íntegramente el personal que se prejubilaba por personas más jóvenes", insisten los querellantes, dejando claro que se trata de una vulneración de la legislación laboral. Los inversores recuerdan además que Joaquín Yvancos, abogado de los Ruiz-Mateos durante tres décadas, ha explicado ya que Lanzas pidió unos 3 millones de euros -a razón de unos 600.000? por cada ERE que fue aprobado- para su tramitación. "Dicha tarifa tan elevada, fijada por el Sr. Lanzas, se justificó por el mismo a los Sres. Ruiz-Mateos, expresando que la mitad de dicha cifra tenía como destino el sindicato correspondiente, la otra mitad la administración autonómica, siendo que una comisión de esa cantidad la cobraba él, dada su gestión", aseguran. Según Yvancos, dada la situación de insolvencia a la que llevaron las empresas del grupo, esa cifra no llegó sin embargo a pagarse, quedándose reducida a poco más de medio millón de euros. Los Ruiz-Mateos han declarado ya en varias ocasiones que "todos y cada uno de los ERE se realizaron de acuerdo perfectamente a la legalidad y fueron aprobados y concedidos por la Junta de Andalucía en su día, que era la encargada de autorizarlos y realizarlos bajo su control". Lanzas fue encarcelado en marzo por la juez Mercedes Alaya -titular del juzgado 6 de Sevilla- en el marco de la Operación Heracles que investiga, por parte de la Guardia Civil, el destino último del dinero cobrado por la trama de intermediarios que actuaba en la gestión de los ERE fraudulentos de Andalucía. En total, 50 millones de dinero público que se quedó en esta red antes de llegar a financiar los expedientes de regulación, según una estimación inicial que el Instituto Armado prevé que sea superior. Lanzas, miembro de UGT en Andalucía durante más de 23 años, hasta 2002, habría cobrado hasta 13,4 millones en comisiones fraudulentas.