Novedades de calado ayer en la instrucción judicial del fraude de los ERE, que coincidieron con la constitución en el Parlamento andaluz de la primera comisión de investigación de los últimos 17 años que indagará también este escándalo, el mayor caso de corrupción de la historia democrática de la comunidad.La juez Mercedes Alaya imputó ayer a Ramón Díaz, exparlamentario del PSOE hasta las pasadas elecciones autonómicas del 25M y exasesor de la consejería de Empleo, por su "activa participación" en la inclusión de cinco intrusos en los ERE de tres empresas. Los intrusos Los intrusos son personas afiliadas al PSOE, UGT o CCOO, o familiares de ellos, que nunca trabajaron en las empresas que presentaban los expedientes de empleo y fueron incluidos en ellos a instancias de altos cargos de la consejería de Empleo entre 2001 y 2010. La Junta, en una investigación interna de 2011, localizó al menos 146 personas en esta situación. La juez le pidió ayer también al Gobierno regional que detalle cuándo ha iniciado los trámites para pedir a estos falsos trabajadores el reintegro de la parte de las prejubilaciones fraudulentas ya cobradas. Nuevos cargos Junto a Díaz, han sido imputadas otras cuatro personas que trabajaron en la última década en la dirección general de Trabajo de la Junta, con lo que la cifra total de implicados se acerca a sesenta. Y, por primera vez, la juez cita en un auto un acto administrativo firmado por Manuel Recio, el que fue consejero de Empleo nombrado en 2009 por el presidente José Antonio Griñán y que fue apartado de su cargo tras las elecciones del pasado 25M. Actualmente es diputado en el parlamento autonómico. Alaya cita una orden firmada por Recio como documentación en la que basar la ampliación de la imputación contra el que fuera su directo general de Empleo, Daniel Alberto Rivera, cesado hace diez días. Tanto Rivera como su antecesor, Juan Márquez, también imputado, siguieron utilizando el procedimiento fraudulento de concesión de ayudas creado por el exconsejero -encarcelado- Antonio Fernández y su antecesor, José Antonio Viera -diputado del PSOE en el Congreso-, y que gestionaba el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero, también en prisión. En paralelo, ayer se constituyó formalmente en el Parlamento andaluz la comisión de investigación sobre este escándalo, que el PSOE quiere que desarrolle y finalice sus trabajos en julio para que este fraude quede fuera de la agenda lo antes posible. La juez Alaya ha citado a declarar justamente para julio a los dos exdirectores generales de Empleo citados -Márquez y Rivera-, así como el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. Además, la instructora declara a los despachos de abogados Garrigues y Villasís, cada uno con dos abogados, uno de ellos socio de Garrigues, imputados, y a CCOO, responsables civiles subsidiarios por las irregularidades en los ERE de cuatro empresas.