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Política

Las víctimas de ETA, en el laberinto: las asociaciones se enfrentan a la división y a su uso político

    Ángeles Pedraza (AVT) conversa con el presidente Mariano Rajoy. <i>Foto: EFE.</i>

    Marimar Blanco (hermana de Miguel Ángel Blanco, cuya muerte originó el espíritu de Ermua en 1997), Pilar Elías (viuda de Ramón Blagietto, asesinado por ETA en 1980), Manuel Giménez (hijo de Manuel Giménez Abad, tiroteado por la banda en 2001) y Mari Carmen Hernández (los terroristas mataron a su marido, Jesús María Pedrosa, en 2000). Cuatro nombres, cuatro familiares de ediles del PP asesinados por ETA, cuatro víctimas; y una sola trinchera: la de la reconciliación de Génova 13 con las asociaciones de víctimas. Este fin de semana, el PP aprovechó su Convención Nacional para reafirmar su apuesta antiterrorista y su compromiso con las víctimas. De hecho, incluso proyectaron imágenes de funerales en las que aparecían exdirigentes como José María Aznar, Jaime Mayor Oreja y Ángel Acebes, justo tras el plante del expresidente, las duras palabras de María San Gil y la renuncia del exministro del Interior a liderar la lista europea.

    Las críticas al Ejecutivo de Rajoy se suceden. El punto de inflexión fue el fallo del Tribunal de Estrasburgo contra la aplicación retroactiva de la 'doctrina Parot'. "¿Por qué nos han traicionado?", clamaban los otrora símbolos antiterroristas del PP. "Sé que estáis pasando momentos difíciles, todos los estamos pasando", llegó a transmitirles el rey Juan Carlos I.

    Este enero, el acto de homenaje a Gregorio Ordóñez -el dirigente del PP de Guipúzcoa asesinado por ETA en 1995- evidenció la ruptura. Su hermana Consuelo, que también preside Covite, llegó a decir que el PP "desprecia" a las víctimas. Las alarmas saltaron en un partido que no puede permitirse perder los votos de los simpatizantes de esos grupos civiles.

    Mientras tanto, surgen otros políticos para hacerse con representación parlamentaria. El caso más claro es el de José Antonio Ortega Lara, exfuncionario de prisiones víctima del secuestro más largo de la historia etarra (532 días en un zulo). Ortega Lara, junto con Santiago Abascal (presidente de la Fundación Denaes y exparlamentario vasco del PP), ha impulsado Vox.

    A modo de respuesta, tanto Rajoy como la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, hicieron hincapié este fin de semana en su respaldo a las víctimas ("Es el Partido Popular o la nada"), aunque había sido Marimar Blanco la encargada de lanzar el mensaje, sólo una semana antes: "El único enemigo común es la banda terrorista y no el Gobierno. Cuando hemos ido unidos hemos sido más fuertes y más hemos podido avanzar", argumentó, justo el día que Consuelo Ordóñez daba la polémica por "plenamente zanjada y cerrada".

    Enfrentamientos y la sombra de la corrupción

    Sin embargo, la realidad dicha mucho de parecerse a la que podría deducirse de las declaraciones: las víctimas están más divididas que nunca; ya no sólo por los atentados del 11-M. El mar de siglas de FVT, AVT, VcT (la asociación de Francisco José Alcaraz), DyJ (con Daniel Portero a la cabeza), Covite y un largo etcétera anda muy revuelto. Las primeras tensiones se iniciaron en verano, cuando Blanco deseó la muerte de Josu Uribetxebarria Bolinaga como presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT es una suerte de matriz agrupadora de todas las asociaciones).

    La tensa calma volvió a quebrarse este enero, tras unas declaraciones de Ordóñez a la Cope en las que acusaba a FVT de no representar a todas las sensibilidades. La denuncia descosió definitivamente este inestable ecosistema. Precisamente, en la última asamblea anual del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) 200 socios se marcharon de la asociación por "discrepancias" con el equipo directivo de Ordónez. La ruptura de Covite, que rebajó esa cifra de desafectos, se explica justo por los intentos de mezclar política y víctimas de ETA, un proceso que se ha intensificado en los últimos años.

    Sospechas sobre la AVT

    Por si fuera poco, este mes de febrero han aparecido denuncias de una contabilidad B en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, presidida por Ángeles Pedraza. Tal y como informa El Mundo, mumerosos trabajadores, exempleados y víctimas han denunciado "amaños de elecciones y graves irregularidades" de Pedraza y de su mano derecha, el guardia civil procesado por tráfico de armas Miguel Folguera, un voluntario que ascendió en la AVT sin ni siquiera ser víctima de ETA.

    Según estas fuentes, habría "una caja no oficial de dinero que se utiliza de forma discrecional y de la que proceden gratificaciones". Además, Pedraza y Folguera habrían "alterado" asambleas para garantizarse el poder, preparando ex profeso delegaciones de voto de octogenarios y otros asociados que ya no tienen vínculo con la AVT.

    En la misma línea, también se denuncia que este censo habría sido utilizado por Folguera con el placet de Pedraza para poner en marcha una entidad afín a la AVT, la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Así, usando de manera irregular la base de datos de asociados a la AVT, esta APAVT de Folguera habría conseguido en los últimos tres meses 45.000 euros en subvenciones públicas (un tercio proveniente del Gobierno vasco y el resto de la Comunidad de Madrid). Pedraza, a través de Twitter, ha anunciado acciones legales, además de sugerir una campaña orquestada contra su grupo.

    Si a todo eso le unimos los intentos de politización de estos grupos de cara a las europeas (con la pugna entre PP y Vox, y UPyD fichando a Maite Pagazaurtundua), el panorama resulta desolador. Y mientras, Rajoy repite un mantra que no convence a muchas de estas asociaciones: "La disolución incondicional de ETA será el mejor homenaje a las víctimas".