UPyD recurre el archivo de la causa sobre la destrucción de los discos duros porque eran del extesorero
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha recurrido el archivo de la causa que se seguía en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid por la destrucción de los discos duros de dos ordenadores utilizados por el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, al considerar que los equipos eran propiedad del exdirigente y no de la formación, como argumentó la juez María Esperanza Collazos.
Así consta en un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la formación reprocha que la magistrada, en favor de la que se inhibió el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tras advertir indicios de delito, acordara el sobreseimiento provisional de las actuaciones "sin practicar ni una sola diligencia de investigación".
La formación de Rosa Díez, que se personó en el procedimiento tras la inhibición de Ruz, solicita a la Audiencia Provincial de Madrid que reabra la causa al considerar que existen evidencias de que el PP y sus responsables podría haber cometido un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento.
El letrado de UPyD, Andrés Herzog, argumenta en su escrito que en la causa en la que se investigan los denominados 'papeles de Bárcenas' se acreditó que el disco duro del Macintosh Macintosh MacBook Pro --que fue destruido por el PP el pasado 3 de julio, cinco días días después de que Bárcenas ingresara en prisión-- fue "comprado y pagado" por el extesorero, por lo que "tenía perfecto derecho a exigir su separación y entrega".
De igual modo, señala que resulta "simplemente imposible" que el PP o sus empleados fueran "desconocedores de la relevancia" de los discos duros en la causa que instruye el juez Ruz y que la destrucción se produjo "sin realizar copia de seguridad" y tras la expulsión de la formación como acusación popular del 'caso Gürtel'.
"Aberración jurídica"
En contra de la tesis de la juez, esta parte señala que el delito de encubrimiento es "autónomo" y se puede investigar "simultáneamente" a los delitos que se habrían encubierto, tal y como ocurre en "cientos de casos similares". De no hacerse así, argumenta que se produciría la "aberración jurídica" de que "todos y cada uno de los delitos de encubrimiento quedarían, para empezar, prescritos".
"¿Por qué no hay ninguna diligencia que pueda practicarse a fin de averiguar la titularidad del ordenador? ¿Acaso no es posible pedir al PP que acredite la compra de los equipos?", se pregunta la formación magenta antes de destacar que, aunque no se pudiera determinar quién dio la orden de destruir los discos duros, el delito de daños informáticos es "abtribuible a las personas jurídicas".
Collazos archivó la causa el pasado 31 de octubre señalando que los ordenadores se encontraban en la sede del PP en la calle Génova de Madrid, por lo que "pertenecen al titular del inmueble salvo prueba en contra". También determinó que Bárcenas aún no ha sido declarado culpable de ningún delito, por lo que no existe aún nada que se pueda encubrir.
Otras dos querellas pendientes
Tras tomar esta decisión la juez abrió diligencias previas respecto a otra querella, presentada por Izquierda Unida (IU), Los Verdes y la asociación Justicia y Sociedad, contra el PP como persona jurídica y contra su actual tesorera, Carmen Navarro, por la destrucción del contenido de los ordenadores.
Además, la titular del Juzgado número 49 de Madrid, Josefa Bustos, le remitió otra querella presentada por el Observatori Desc contra el exjefe de seguridad del PP, la exsecretaria del extesorero del PP Luis Bárcenas y el responsable de Informática del partido por la destrucción de los discos duros.