La Junta de Andalucía niega que vaya abonar la defensa de sus altos cargos implicados en los ERE
La Junta de Andalucía niega que vaya a abonar la defensa de los altos cargos imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo(ERE) fraudulentos y ha aclarado que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha recordado la existencia de una norma que regula la asistencia jurídica a las "autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía".
La norma referida es el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, según ha indicado la Oficina del Portavoz del Gobierno en un comunicado.
Así, indica que según la disposición adicional segunda del citado Decreto, "los Letrados de la Junta de Andalucía podrán representar y defender a las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su categoría, en toda clase de procedimientos judiciales que se dirija contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por el titular de la Consejería de quien dependa el afectado".
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha querido dejar claro que la Junta "no se va a hacer cargo de ninguna defensa" de altos cargos imputados en el caso de las irregularidades de expedientes de regulación de empleo (ERE), ni de manera directa ni indirecta, y ha recordado además que la administración autonómica es acusación, lo que supone una "cierta incompatibilidad desde el punto de vista de político" que no permite que se haga cargo de esa defensa.
Las críticas del PP
Esta información ofrecida por Vázquez ha motivado que las críticas del PP-A. Así, su secretario general, José Luis Sanz, ha censurado, en declaraciones a Europa Press, que la Junta "cargue" con la defensa de los cargos de la Administración autonómica que han sido imputados y ha advertido de que, con dicha acción, "da la impresión" de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, está buscando "su propio interés personal por si en algún momento él también fuera imputado".
La consejera de la Presidencia y de Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este miércoles que "lo razonable y lo lógico" sería que el Gobierno autonómico abonara la defensa jurídica de aquellos altos cargos de la administración que "resultaran inocentes" al final del proceso que la jueza Mercedes Alaya tiene abierto por el caso de los ERE irregulares.
La consejera socialista se ha pronunciado así sobre la referencia que este martes hizo tras el Consejo de Gobierno el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, a la existencia de una norma que regula la asistencia jurídica a las "autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía".