El 'escrache' de la PAH enfada al Gobierno: "Los derechos no son ilimitados"
La campaña de 'escrache' a los diputados empezada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para hacer presión a los diputados y conseguir sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios no gusta al Gobierno.
Los últimos acontecimientos ocurridos tras el 'acoso' al vicesecretario general de Estudios y Programas del PP Esteban González Pons por parte de activistas que se desplazaron hasta su vivienda en Valencia para hacer presión, han llevado al Gobierno a advertir sobre estas acciones.
Ha sido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aprovechado para advertir que el derecho de manifestación "no es ilimitado" y ha criticado que la acción de la PAH "no protege los derechos de nadie, invaden los de otros".
"Respetamos los derechos que tiene cada ciudadano a expresar su opinión, pero los derechos no son ilimitados [...] el derecho de uno acaba cuando empieza el derecho del otro", ha matizado la vicepresidenta. A su juicio, "ante ciertas prácticas, no se protegen los derechos de nadie sino que se invaden los de otros y además de personas que son ajenos a la política como las familias".
Además de llamar "a la cordura" y señalar el Parlamento como el lugar adecuado para mostrar el descontento, ha recordado Sáenz de Santamaría que "la obligación del Gobierno es garantizar la seguridad de todos".
Un problema de forma
Cuando la PAH consiguió que se debatiera y admitiera a trámite en el Congreso la ILP en la que piden la dación en pago, la moratoria de todos los desahucios y el alquiler social, los activistas advirtieron, de boca de la portavoz Ada Colau, que se intensificaría la campaña de 'concienciación' si los diputados no aceptaban sus mínimos. Desde entonces varias acciones han provocado las críticas entre la clase política.
Del envío masivo de emails a todos los diputados se ha pasado a la protesta 'in situ'. La de la vivienda de González Pons ha sido la acción de "señalización pública" más llamativa hasta el momento y ha llevado a un cruce de denuncias entre el político y la PAH, el primero por acoso y coacción y los segundos por difamación.
Estas acciones de 'escrache' han tomado especial relevancia en las últimas semanas. Los debates sobre la conveniencia de los mismos se han trasladado también a las redes sociales. De hecho, este viernes y bajo el 'hashtag' #AcosoSalvajeEs, cientos de usuarios de la red social Twitter han criticado la portada del diario ABC en la que bajo el titular 'Acoso salvaje al PP', denuncia las acciones frente a las viviendas de diputados 'populares'.