El Consejo de Estado cree que la jurisprudencia del Plan Ibarretxe no impide impugnar la declaración catalana
El Consejo de Estado considera que existen "fundamentos jurídicos suficientes" para impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista del Parlamento catalán, entre otros, el hecho de que reconozca la soberanía del pueblo de Cataluña de "manera actual y efectiva". Y en este extremo destaca que son "sustanciales las diferencias" con las "actuaciones" que impulsó el Gobierno vasco de Juan José Ibarrexte en 2003. Aquellas decisiones llevaron al Ejecutivo de José María Aznar a presentar ese mismo año una impugnación que el TC no admitió. La Generalitat hará la consulta soberanista aunque no haya acuerdo presupuestario con ERC
La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobó por mayoría el pasado 28 de febrero este dictamen -recibió dos votos particulares-, que ha servido de base al Gobierno de Mariano Rajoy para impugnar el texto aprobado por el Parlamento catalán. De hecho, la Abogacía del Estado presentó esa impugnación el pasado 8 de marzo.
Comparaciones con el País Vasco
El Consejo de Estado ve claras las diferencias entre el texto aprobado por el Parlamento catalán el pasado 23 de enero y los pasos dados por el Gobierno de Ibarretxe hace casi 10 años, cuando el TC no admitió la impugnación promovida por Aznar.
En el caso vasco, el Gobierno de Ibarretxe aprobó el 25 de octubre de 2003 su Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, que proclamaba la "identidad propia" y derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Poco después la Mesa del Parlamento vasco inició la tramitación parlamentaria de ese plan. El Gobierno de José María Aznar impugnó esos acuerdos ante el TC pero el alto tribunal rechazó la impugnación alegando que no era una resolución sino una propuesta para abrir el debate y que el Parlamento es "sede natural del debate".
Aunque el propio Consejo de Estado recuerda ahora que el TC "decidió la inadmisión del recurso presentado por el Estado", a su entender, "parece que son sustanciales las diferencias que presenta la resolución del Parlamento de Cataluña analizada con las actuaciones de órganos de la Comunidad Autónoma del País Vasco que eran objeto del recurso que motivó aquel razonamiento".
Así, el órgano consultivo subraya que el Parlamento de Cataluña "no ha adoptado ninguna iniciativa para poner en marcha los procedimientos que considere procedentes a fin de que la soberanía pretendida del pueblo de Cataluña quede reconocida" sino que "la resolución ha establecido que tan soberanía existe de manera actual y efectiva".
Por lo tanto, el Consejo de Estado considera que se ha producido ese reconocimiento de la soberanía del pueblo catalán "sin atender a las reglas" que el ordenamiento constitucional contiene para su reforma y que, a su juicio, habría resultado necesario cumplimentar para que "una innovación de esta índole pueda verificarse dentro de la legalidad constitucional".
Es más, estima que la declaración soberanista "acuerda la iniciación del denominado proceso para hacer efectivo el derecho a decidir", con "desentendimiento incluso del ordenamiento jurídico del Estado.
Según añade, se ha producido un "apartamiento de las reglas y procedimientos constitucionales" e intenta establecer una "vía de hecho" para reformar la Constitución al margen de ella. Por todo ello considera que "existen motivos bastantes" para sostener la impugnación.
Posible inconstitucionalidad
Así, entre los posibles motivos de posible inconstitucionalidad, el órgano que preside José Manuel Romay Beccaría destaca que la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña aprobada por el Parlamento catalán "emana de un órgano de la Comunidad Autónoma de Cataluña, siendo así que esta entidad como institución constituida dentro del Estado español, carece de capacidad para formular tal reconocimiento de soberanía".
Además, subraya que el contenido de la declaración "no es compatible" con los artículos 1.2 y 2 de la Carta Magna, en los que se establece "la residencia de la soberanía nacional en el pueblo español, así como el carácter unitario de tal soberanía".
Igualmente, destaca que la declaración "desconoce los procedimientos constitucionales establecidos en el artículo 168 de la Constitución, cuyo cumplimentación sería, en su caso, necesaria para validar y dar efectividad a su contenido". Por todo ello, el Consejo de Estado, "por mayoría", concluye en su dictamen que "existen fundamentos jurídicos para impugnar" ante el TC.
Sin querella para el "hombrecito" Ibarra
La Generalitat de Cataluña ha descartado finalmente iniciar acciones legales en contra del expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE), y ha considerado que "se descalifica a sí mismo" con sus declaraciones.
"No queremos hacerle un hombrecito", ha concretado este martes el portavoz del gobierno catalán y consejero de Presidencia, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.
Homs lo ha dicho al preguntársele sobre las afirmaciones de Ibarra, quien la semana pasada comparó a Mas con los dictadores Adolf Hitler y Benito Mussolini, y ante estas palabras, el Govern anunció acciones legales que finalmente se han desestimado.
Por último, el gobierno catalán ha instado a la presidenta de la PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, a rectificar tras la polémica por sus escoltas, y le ha instado a que no "culpe" a los empleados públicos en sus discrepancias políticas con la Generalitat.
"Es diputada en el Parlament y uno de sus primeros deberes es confiar con los funcionarios de la Generalitat", ha señalado este martes el consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.