El análisis: ¿Qué pasará después de la declaración soberanista?
Cataluña acaba de aprobar una declaración en que, tras proclamarse unilateralmente "sujeto de soberanía", reclama el derecho a decidir, es decir, el derecho de autodeterminación. En términos legales, ni es soberana según la Constitución española de 1978, que es que la que rige (y la que Cataluña, muy activamente, contribuyó a aprobar), ni tiene el derecho de autodeterminación, que el Derecho internacional sólo reconoce a los territorios coloniales o sujetos a una opresión no democrática. | El Gobierno impedirá la consulta.
Con todo, de momento no hay motivo de alarma: es la quinta vez que se vota y se aprueba el 'derecho a decidir' en el Parlamento de Cataluña (las otras fueron en 1989, 1998, 2010 2011), por lo que cuando menos el efecto sorpresa había dejado de existir hace tiempo. No tendría sentido que el Estado diera precisamente ahora una respuesta formal a la estridencia, que además sería difícil de implementar. Una declaración no es una norma y no produce efecto alguno, y por lo tanto no cabe recurso de inconstitucionalidad.
La opinión pública catalana, que alentó la gran manifestación del Onze de Septembre, no parece ahora muy entusiasmada con los derroteros actuales de la fiebre independentista de sus partidos nacionalistas, que se desarrolla en medio de un desempleo insoportable con tendencia a crecer todavía, y sin que sus políticos apunten solución alguna a la peor crisis que recuerdan los más viejos del lugar.
Y la opinión española de fuera de Cataluña lo observa todo con gran escepticismo, conocedora de que está en presencia de una fiebre recurrente, perpleja por la evolución del discurso populista y bastante segura de que el ruido soberanista quedará en nada en cuanto se le cieguen al gobierno autonómico todas las salidas y las fuerzas vivas de Cataluña, hastiadas, obliguen a Mas a preocuparse de lo importante o a dimitir.
De momento, en fin, la declaración sólo tiene valor político, de reto al Estado, y la cuestión estriba ahora en ver si tras estos preparativos retóricos, el gobierno de CiU se atreve a pasar de las palabras a los hechos. Y los hechos podrían ser varios: convocatoria a las bravas de un referéndum, aprobación de una ley del referéndum en el Parlamento autonómico o improbablemente- planteamiento de una reforma de la Constitución para dar encaje a una plebiscito soberanista.
En los dos primeros casos, la declaración de inconstitucionalidad sería segura, y el Gobierno del Estado no tendría más que hacer cumplir la legalidad. En el supuesto de que el Ejecutivo catalán planteara una reforma constitucional, las Cortes de Cataluña deberían adoptar la iniciativa en forma de proyecto de ley (arts. 166 y 87.1) y el parlamento español la tramitaría conforme a lo previsto en el Título X de la Carta Magna. No parece muy probable que el intento tuviera éxito. Tampoco lo tuvo el Plan Ibarretxe.
La incógnita es el aguante del pueblo de Cataluña, con el que el Estado debe extremar la sutileza en estos momentos. El ofrecimiento a Cataluña de una vía clara para atender las legítimas pretensiones de Cataluña en lo referente a su financiación y a su autogobierno será un elemento clave del desenlace de este asunto.
Y poco más hay que hacer desde fuera del Principado: los catalanes son gente pragmática, inteligente y cultivada que no se dejará engañar por políticos de dudosa catadura que han emprendido una asombrosa huida hacia delante que también los libraría de embarazosas acusaciones de corrupción, que van más allá de lo que muchos podríamos haber imaginado. Todo tiene su límite, y esta aventura descabellada no está demasiado lejos de alcanzarlo.