Duran i Lleida prometió en 2000 que dimitiría si se probaba la financiación ilegal en Unió

Unió Democràtica ha admitido que se financió ilegalmente: el pago de 388.000 euros para evitar el juicio por el 'caso Pallerols' lo deja claro. Sin embargo, no habrá dimisiones. Y eso que el presidente de Unió Democrática de Catalunya y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró que se ''sentiría responsable'' si se demostraba financiación irregular. El PP le ha solicitado que haga honor a su palabra y dimita.

En una entrevista en la Cadena Ser en 2000, recogida por El País, Duran se mostró dispuesto a dejar su cargo si se probaba algo ilegal, tras negar "rotundamente" cualquier práctica fuera de la ley.

El democristiano, que en ese momento luchaba por ser el sucesor del entonces presidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, recalcó que era una campaña política para desacreditarlo. 

''Si hubiera financiación irregular en Unió, yo debería pedir perdón'', afirmaba sólo dos años después.

Un retraso "escandaloso"

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado en este caso no ha existido trato de favor hacia los acusados de desviar fondos para la financiación ilegal de UDC, aunque considera "escandaloso" que se haya tardado casi veinte años en instruir el procedimiento.

A preguntas de los periodistas en Toledo, donde ha acudido para dar una conferencia en la Universidad de Castilla-La Mancha, Torres-Dulce ha insistido en que la conformidad en los procedimientos existe "para todos" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha destacado que los implicados en el 'caso Pallerols' van a devolver los 388.000 euros desviados de fondos públicos.