UPyD da el primer paso para recuperar el delito de convocar referéndum
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha dado el primer paso en el Congreso de los Diputados para tratar de recuperar el delito de convocatoria ilegal de referendos, una iniciativa suscitada a raíz de la pretensión de CiU y otros partidos catalanes de convocar una consulta sobre la autodeterminación y la independencia. Eso sí, en principio la propuesta no se votará hasta el próximo 27 de noviembre, dos días después de las elecciones previstas en Cataluña.
El partido que encabeza Rosa Díez ha registrado esta semana en la Cámara Baja una interpelación al Gobierno sobre esta cuestión, si bien no se ha podido incluir en el orden del día del Pleno de la próxima semana por falta de cupo.
Por tanto, y teniendo en cuenta que no hay sesiones plenarias las dos siguientes semanas, por elecciones en Galicia y País Vasco y por el debate de totalidad de los Presupuestos, la interpelación no se debatirá hasta el 31 de octubre, mientras que la subsiguiente moción no se votará hasta casi un mes después, también como consecuencia del debate en comisión y en Pleno de las cuentas públicas.
Para salvar la Constitución
UPyD justifica la presentación de esta iniciativa ante la necesidad de poner fin a los "peligrosos" ataques al orden constitucional que se están registrando en España, como son las consultas populares "al margen de la legalidad" que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tiene previsto convocar, con el apoyo de ICV y de los independentistas más la abstención del PSC.
Según la formación magenta, esas consultas, enmarcadas en "grandilocuentes" palabras como el "derecho a decidir" o "arrogándose la voluntad del pueblo", lo que realmente buscan es "vulnerar por la vía de los hechos" la Constitución y, con ella, todo el Estado de Derecho, dejando con ello a los ciudadanos "absolutamente indefensos".
UPyD dice ser consciente de que se puede perseguir tales conductas con otros mecanismos legales, como el recurso al Tribunal Constitucional, si bien recalca que son instrumentos que "carecen de la rapidez y la contundencia" de la vía penal y, además, pueden resultar "ineficaces".