El análisis: Rebeldía de las autonomías ante la falta de debate interno
Cataluña y Andalucía han dado portazo a Montoro en la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado. Un Consejo probablemente mal diseñado en el que no hay el menor debate interno.
Un consejo en el que el Gobierno se limita a impartir instrucciones a los representantes autonómicos. Para esta labor, probablemente no haría falta tanta liturgia.
Unanimidad forzada frente a rebeldía
Frente a la unanimidad forzada de las comunidades gobernadas por el PP, Cataluña y Andalucía han mostrado su grave disconformidad. El consejero catalán, el prestigioso catedrático Mas Colell, ni siquiera se presentó al Consejo y la consejera andaluza se levantó y se fue, a la vista de que no se tenía en cuenta su opinión de que las comunidades menos endeudadas debían disponer de un poco más de oxígeno que las que lo están más.
Los desplantes
En efecto, Andalucía tiene una deuda del 12,7% del PIB, frente al 22,81% de Cataluña, el 22,18% de la Comunidad Valenciana o el 20,43% de Castilla La Mancha.
Hasta el momento, sin embargo, los desplantes han sido puramente retóricos, ya que ni Andalucía ni Cataluña han hecho el menor gesto de desobediencia, entre otras razones porque ambas están, como las demás, en manos del Estado: sin poder acudir a los mercados en las actuales circunstancias, viven de lo que reciben de la Hacienda española. La disidencia sí tiene en cambio trascendencia política en Europa, ya que como es conocido nuestros socios del Eurogrupo desconfían de las capacidades del gobierno para embridar a las autonomías. Las capacidades existen, por más que las comunidades asuman de mala gana el trato austero que reciben. Y en última instancia, quedaría la posibilidad de una intervención, autorizada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El victimismo catalán
El problema grave, por lo tanto, no es con Europa ?la reforma constitucional y la mencionada ley de Estabilidad otorgan una garantía incuestionable- sino con Cataluña, que está asumiendo con victimismo la escasez que le llega de Madrid. La falta de liquidez en julio ha forzado a la Generalitat a no pagar los 424 M? a conciertos y proveedores, lo que ha dejado en precario residencias, hospitales y centros asistenciales, ante la consternación general.
Esta situación está siendo imputada por el nacionalismo catalán a Madrid, con el agravante de que, de aceptarse la propuesta de pacto fiscal que acaba de aprobar la Generalitat, esta escasez desaparecería. Lógicamente, este mensaje va calando en la ciudadanía catalana, lo que abona peligrosamente el soberanismo hasta extremos que no se pueden desconocer. El Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado si no quiere que, al hilo de la crisis, se nos escape la unidad nacional por el sumidero de la historia.
En definitiva, si se pregunta qué debe hacer el Gobierno ante esta coyuntura, la respuesta es muy clara: política. Rajoy tiene que ejercer su liderazgo, pactar fórmulas flexibles con todas las CCAA y negociar con Cataluña. El dar la callada (y más recortes) por respuesta nos conduce hacia el precipicio.